Panorama
Gobierno reduce presupuesto al Ministerio Público para el 2021
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves que la asignación presupuestada para el 2021 no es suficiente para garantizar la persecución efectiva del crimen y la consolidación de la reforma penitenciaria desde el enfoque establecido en los planes institucionales.
De manera precisa, señaló que los RD$7,005.6 millones asignados para el próximo años representan una reducción de RD$4,709.4 millones con respecto a la partida establecida para el corriente 2020, disminución que equivale al 40.19%.
La Dirección de Planificación y Desarrollo de la PGR, que encabeza Calíope Malena Coronado, comunicó que la institución había sometido a la Dirección General de Presupuesto (Digepres) la suma de RD$11,715 millones para el año venidero, una cantidad igual a la de 2020.
Con dicho monto “se esperaba poder cumplir con los gastos operativos fijos de la institución, garantizar la persecución efectiva de la criminalidad en República Dominicana y asegurar la formación del personal del Ministerio Público”, indicó la directora de Desarrollo, a través de un comunicado difundido por la Dirección de Comunicaciones.
“También esperábamos contar con recursos para ampliar la capacitación de los agentes de vigilancia penitenciarios (VTP) ahora que trabajamos en la apertura de nuevos centros”, añadió en una nota de prensa.
En adición, a partir de este anteproyecto de presupuesto, se esperaba dar cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) en cuanto a la dignificación de la función de los miembros del Ministerio Público, tal como ha sido desarrollado en otros órganos del Estado.
En la actualidad, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público cuentan con 9,700 servidores, según los datos incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2021 elaborado por la Digepres, una dependencia encabezada por José Rijo Presbot.
De acuerdo con la Ley 194-04, que confiere autonomía presupuestaria al Ministerio Público, la administración de justicia recibirá un presupuesto correspondiente al 4.10 % de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, de los cuales corresponden 65% a la Suprema Corte de Justicia y 35% a la Procuraduría General de la República.
“La Procuraduría General de la República reconoce las limitaciones que impone la pandemia de la COVID-19 y confía en que la Digepres, el Gobierno central y el Congreso de la República Dominicana ponderarán debidamente las necesidades del Ministerio Público al momento de aprobar el Presupuesto 2021”, dijo Coronado.
Panorama
Conocerán coerçión a hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles
A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), el hombre al que se señala de haber asfixiado a su hija de un año y de introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles, se le conocerá medida de coerción este lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.
La Oficina de Atención Permanente informó este domingo que la solicitud de coerción, que estaba pautada para el pasado sábado se aplazó para el lunes porque Mota Almonte no contaba con un abogado.
La Fiscalía del Distrito Nacional, que pide prisión preventiva,señala que, tras cometer el crimen, el imputado informó a vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña, lo que motivó una búsqueda en la comunidad.
Horas más tarde, los residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron de inmediato a las autoridades.
La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.
El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.
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El imputado fue arrestado el pasado jueves 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Panorama
Vendían carne podrida y productos falsificados en centro clandestino SDN
Las autoridades incautaron más de 18 mil unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6.830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición en un centro clandestino de almacenamiento y comercialización, ubicado en el sector Los Cazabes, en Santo Domingo Norte.
Los productos estaban presuntamente destinados a su distribución y consumo, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. De acuerdo con las informaciones oficiales, el establecimiento recolectaba los artículos en el vertedero de Duquesa.
En la intervención, realizada mediante orden judicial por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y organismos sanitario, también se incautaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, así como cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.
El operativo tenía como objetivo la localización y captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes aún se encuentran prófugos.
Manejo contrario a las leyes
De acuerdo con el reporte oficial, las 6.8 toneladas de carne decomisada se encontraban almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituía una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.
Por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.
En tanto, las demás evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
En el operativo participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), así como de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y de la Policía Preventiva.
Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.
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