Panorama
Contrataciones Públicas suspende registros de proveedores a Kimberly Taveras
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.
La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística” y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras, conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
El órgano rector reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.
«La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones», subrayó el director de la DGCP, Carlos Pimentel.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Vía Acento.com.do
Panorama
Conocerán coerçión a hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles
A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), el hombre al que se señala de haber asfixiado a su hija de un año y de introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles, se le conocerá medida de coerción este lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.
La Oficina de Atención Permanente informó este domingo que la solicitud de coerción, que estaba pautada para el pasado sábado se aplazó para el lunes porque Mota Almonte no contaba con un abogado.
La Fiscalía del Distrito Nacional, que pide prisión preventiva,señala que, tras cometer el crimen, el imputado informó a vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña, lo que motivó una búsqueda en la comunidad.
Horas más tarde, los residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron de inmediato a las autoridades.
La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.
El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.
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El imputado fue arrestado el pasado jueves 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Panorama
Vendían carne podrida y productos falsificados en centro clandestino SDN
Las autoridades incautaron más de 18 mil unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6.830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición en un centro clandestino de almacenamiento y comercialización, ubicado en el sector Los Cazabes, en Santo Domingo Norte.
Los productos estaban presuntamente destinados a su distribución y consumo, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. De acuerdo con las informaciones oficiales, el establecimiento recolectaba los artículos en el vertedero de Duquesa.
En la intervención, realizada mediante orden judicial por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y organismos sanitario, también se incautaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, así como cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.
El operativo tenía como objetivo la localización y captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes aún se encuentran prófugos.
Manejo contrario a las leyes
De acuerdo con el reporte oficial, las 6.8 toneladas de carne decomisada se encontraban almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituía una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.
Por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.
En tanto, las demás evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
En el operativo participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), así como de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y de la Policía Preventiva.
Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.
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