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Diputados aprueban 45 días más de estado de emergencia

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La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la extensión del estado de emergencia nacional por otros 45 días, a solicitud del presidente de la República, Luis Abinader.

El presidente Luis Abinader pidió la extensión del estado de excepción para garantizar “la reapertura económica del país” de manera efectiva.

El nuevo estado de emergencia regirá a partir de este 18 de octubre, según reza la resolución aprobada esta mañana por los legisladores dominicanos.

La pieza ahora pasará al Senado de la República, para su conocimiento y posible aprobación.

Los dominicanos viven bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de marzo, cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana.

El estado de emergencia rige en el país para controlar el avance y los efectos del coronavirus Covid-19, que ha detenido las actividades productivas del país.

Informa el Listín Diario que el proyecto de resolución aprobado por los diputados fue liberado de ir a comisión y fue conocido en la sesión de esta mañana en la Cámara de Diputados.

Los diputados también rechazaron una modificación sugerida por la legisladora Aida López, que pidió que el estado de emergencia solo fuera aprobado por 30 días, en lugar de los 45 días que pidió el presidente Luis Abinader.

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Vocero de Abel Martínez califica de “irresponsable” fiscal de Santiago

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Como irresponsable y abusador, calificó Fernando Ramírez, vocero de Abel Martínez, al fiscal José Francisco Núñez por el allanamiento a la casa, alquilada, para su oficina política, por agentes de la DNCD y dos fiscales, este viernes en la mañana.

«La irresponsabilidad del fiscal titular de Santiago de los Caballeros se puso de manifiesto una vez más en el día de hoy», aseguró.

Declaró en El Sol de la Mañana, de RCC Media, que el fiscal de Santiago no estaba al inicio del allanamiento, y que después llegó.

«Y lo que dice es que Abel está totalmente desvinculado de cualquier cosa, que ellos están persiguiendo dos personas por una información que le llega de Santo Domingo, pero que no tiene nada que ver con Abel», indicó.

Fernando Ramírez precisó que insistieron a ellos que esa casa era ocupada por el alcalde Abel Martínez.

«Se le insistió en principio y que nada teníamos que ver. Aún así insistieron e hicieron el allanamiento», expuso.

El vocero del ayuntamiento de Santiago expresó que dijeron que en el allanamiento encontraron dos pistolas, propiedad de los guardias que custodian la casa debido a que Abel Martínez es un expresidente de la Cámara de Diputados por seis años y que es el alcalde de la segunda ciudad en importancia del país.

Agregó que además hallaron un fusil que está cargado a uno de los custodias y las dos pistolas asignadas a dos custodias diferentes.

«Pero él de una menera irresponsable insinúa, oye como insinúa: Capturamos estos para investigar, !Un abuso!, pero dice que Abel no tiene nada que ver, si no tiene nada que ver para qué llevarse esas armas que los militares les están entregando sus carnes, el porte», manifestó.

Fernando Ramírez expresó que eso se hizo porque es una evidente persecución política.

La casa
Afirmó que claro la propiedad corresponde a Abel Martínez, pero que no es de su propiedad sino que la usa a modo de alquiler hace más de quince años.

Indicó que ahí también se ve la irresponsabilidad del fiscal de Santiago, José Francisco Núñez.

«Es un irresponsable y está actuando sobra Dios por mandato de quien, es un abuso lo que tiene», acotó.

Pacas, hierba y caja fuerte
Expresó que sí que abrieron una caja fuerte y que no encontraron nada porque no lo había.
Señaló que también fueron a ver las pacas.

«Saben de qué eran las pacas: En el patio de esa residencia, que es un grande y cómodo, en ese patio ahí hay gallinas, hay guineas, hay todos estos animales, y se llevaron ayer unas pacas de hierba, de esas que venden, y la depositaron ahí, y la llevaron donde el fiscal y cuando la vió dijo: Y esas son las pacas. No son otras búsquela usted, abusador», sostuvo.

Dos perseguidos
Fernando Ramírez aseguró que no tienen ninguna relación, absoluta, con Amilcar Rafale Soto Candelario y Carlos Rossó Peña, supuestamente miembros de la Armada Dominicana, que son buscado por la DNCD.

Precisó que luego se dijo que no era en la vivienda de Abel Martínez sino en una contigua y que eso es mentira.

«No hay confusión, fue la de Abel que allanaron. El fiscal de Santiago es un irresponsable», apuntó.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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