Panorama
Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra cuatro directivos de Coopegas
La Fiscalía de esta jurisdicción solicitó prisión preventiva contra los directivos de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica, a quienes se le imputa de homicidio involuntario en perjuicio de las víctimas de la explosión en la estación de combustible Coopegas, en Licey al Medio, que causó la muerte a 11 personas y heridas a otras dos.
El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente una medida de coerción consistente en ocho meses de prisión preventiva contra Audilio Concepción, presidente de la cooperativa; Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general; Roberto Antonio Polanco Marte, encargado de Operaciones, y Emilio Yan, encargado local de la planta.
El órgano acusador pidió también declarar el caso complejo, en virtud de la cantidad de víctimas, a fin de contar con un plazo que permita ampliar y concluir las investigaciones.
El expediente que sustenta la petición, que se conocerá en las próximas horas, establece que los imputados actuaron con negligencia en torno a las medidas de seguridad que debía cumplir la planta dispensadora, lo que ocasionó el siniestro que ha dejado 11 decesos, con varios heridos y múltiples daños económicos en el municipio de Licey al Medio.
También explica que la explosión se produjo debido a una rotura de la pieza denominada múltiple flexible, que conecta la tubería del tanque de almacenamiento a las estaciones o islas de expendio de GLP.
Agrega que la válvula de enfriamiento no funcionó y que tampoco había en el lugar un técnico capaz de poner a operar el sistema contra incendio.
“Fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de expendio de combustible, que son válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de escape y una válvula que se prenda con el encendido de un motor, y esa es la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió al país”, comentó este lunes a la prensa el procurador fiscal de Santiago, José Francisco Núñez.
Como parte de la negligencia atribuida a los directivos, se destaca que fuera un vigilante, quien también figura entre los fallecidos, la persona que encendió los motores para habilitar el servicio al público el día de la tragedia.
El expediente reúne múltiples pruebas que sustentan la petición de medida de coerción, entre ellas testimonios que dan cuenta de que “cualquiera, hasta un vigilante encendía los motores succionadores del gas”.
Por las implicaciones de estas inobservancias en el sistema de seguridad y las graves consecuencias sobre la vida y la seguridad de las personas, y amparado en los informes periciales y pruebas, el Ministerio Público imputa a los cuatro directivos de violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano, consistente en homicidio involuntario.
FUENTE: Listin Diario
Panorama
Conocerán coerçión a hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles
A Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake o Freddy), el hombre al que se señala de haber asfixiado a su hija de un año y de introducir su cuerpecito en un bulto y luego lanzarlo a una cañada del sector Los Girasoles, se le conocerá medida de coerción este lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.
La Oficina de Atención Permanente informó este domingo que la solicitud de coerción, que estaba pautada para el pasado sábado se aplazó para el lunes porque Mota Almonte no contaba con un abogado.
La Fiscalía del Distrito Nacional, que pide prisión preventiva,señala que, tras cometer el crimen, el imputado informó a vecinos sobre la supuesta desaparición de la niña, lo que motivó una búsqueda en la comunidad.
Horas más tarde, los residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron de inmediato a las autoridades.
La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional.
El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.
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El imputado fue arrestado el pasado jueves 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El órgano acusador ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Panorama
Vendían carne podrida y productos falsificados en centro clandestino SDN
Las autoridades incautaron más de 18 mil unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6.830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición en un centro clandestino de almacenamiento y comercialización, ubicado en el sector Los Cazabes, en Santo Domingo Norte.
Los productos estaban presuntamente destinados a su distribución y consumo, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. De acuerdo con las informaciones oficiales, el establecimiento recolectaba los artículos en el vertedero de Duquesa.
En la intervención, realizada mediante orden judicial por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y organismos sanitario, también se incautaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, así como cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.
El operativo tenía como objetivo la localización y captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes aún se encuentran prófugos.
Manejo contrario a las leyes
De acuerdo con el reporte oficial, las 6.8 toneladas de carne decomisada se encontraban almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituía una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.
Por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.
En tanto, las demás evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
En el operativo participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), así como de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y de la Policía Preventiva.
Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.
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