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FUENTE: AP

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Rebajan de 50 a 30 años condena dominicano acusado de matar a cinco en Panamá

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EFE/Panamá.-Un juzgado de Panamá redujo de 50 a 30 años la pena que purga el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, sentenciado por el secuestro y homicidio de 5 personas y quien se ha fugado dos veces de la cárcel, la última en febrero pasado, informaron este viernes fuentes judiciales y jurídicas.

Ventura Ceballos, de 44 años, fue sentenciado en julio de 2018 a 50 años de cárcel por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes panameños de ascendencia china en 2011 que residían en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Una fuente judicial confirmó a Efe la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, mientras que sus abogados dijeron a la prensa que la reducción de la pena es de 20 años.

Uno de los defensores, el ex fiscal general de Panamá Rogelio Cruz, explicó a la prensa que Ventura Ceballos fue pedido en extradición a Costa Rica, donde fue capturado tras su primera fuga en 2016, por el homicidio de tres de las cinco víctimas, y que solo por esos casos podía ser juzgado.

El exprocurador indicó que espera ser notificado de la decisión del Tribunal para presentar un recurso de casación en contra del fallo, pidiendo que Ventura Ceballos sea declarado inocente.

Por su parte, el Ministerio Público dijo a Efe que «aún no ha sido notificado» de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia, y que en cuanto esto suceda «hará los análisis correspondientes» para decidir los pasos a seguir.

Las víctimas de este caso, que conmocionó a Panamá en su momento, son Yessenia Argelis Loo Kam, de 18 años; Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).

Además de Ventura Ceballos, fueron condenados a 50 años de cárcel por el caso Alcibiades Méndez (dominicano), y los panameños Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, mientras que a 15 años fueron sentenciados los panameños Kenny Bendibúú Salazar y Roberto Mariscal Rodríguez.

El 3 febrero de este año, Ventura Ceballos se fugó por segunda vez de un cárcel de máxima seguridad en Panamá, y las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de 50.000 dólares para dar con su paradero.

Su recaptura se produjo diez días después en el sector El Salao de Remedios, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, gracias a una labor de inteligencia.

Esta nueva fuga del dominicano le costó el cargo a los entonces ministros de Seguridad Rolando Mirones y de Gobierno Carlos Romero, y desencadenó un aluvión de críticas contra la Policía y la política de seguridad.

En las redes sociales y programas de opinión se preguntaban sobre cómo era posible que un reo de altísima peligrosidad como Ventura Ceballos se escapara si se encontraba prácticamente en aislamiento, no gozaba de salidas al patio de la prisión ni compartía celda con otro recluso.

Este homicida ya se había escapado de la cárcel «La Joyita» de Panamá en diciembre de 2016, pero fue recapturado en septiembre de 2017 en Costa Rica.

Los familiares de los cinco jóvenes asesinados criticaron el fallo del Tribunal que le recorta la pena a Ventura Ceballos y también a la administración de justicia.

Judith Chen, madre de una de las jóvenes asesinadas, afirmó a la local TVN que esta es «otra puñalada» a la herida que ya tienen por dentro y que cuando creen que lo están superando «vuelven a recibir un golpe».

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Contrataciones Públicas deposita documentos del caso Kimberly en la Pepca

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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó el pasado jueves ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el órgano persecutor sobre la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte, mejor conocida como Kimberly,

El órgano rector informó que los documentos aportados al Ministerio Público están relacionados con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000.00.

La institución también destacó que recibió y analizó documentación relevante de manos de la Junta Municipal de La Guáyiga, a la luz de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras, la cual servirá al Pepca para profundizar en sus investigaciones.

Otro de los documentos depositados por la unidad especializada de investigación de la DGCP tiene que ver con la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco de la Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

La entidad informó que en la resolución RIC-98-2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, que responde a la solicitud de investigación interpuesta por Participación Ciudadana sobre este proceso, la Dirección General de Contrataciones Públicas verificó irregularidades en la ejecución del referido contrato, y en particular, concluye que se incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 340-06 y sus modificaciones y el artículo 127 del Reglamento 543-12, en lo relativo a no aumentar el monto del contrato de la obra en más de un 25% respecto al contrato original.

De igual modo, no fue comprobado que las enmiendas realizadas fueran la única forma de satisfacer el interés general, siendo éstos límites y condiciones para que proceda jurídicamente la modificación de un contrato.

“Por el contrario, en atención a los cambios exigidos en la Resolución 00019/2015 del Ministerio de Salud Pública y el cambio trascendental en el monto que los ajustes implicaban, lo cual no correspondía a una simple modificación del contrato, se verificó que éste debía más bien rescindirse y convocarse un nuevo procedimiento”, subrayó.

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