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Rebajan de 50 a 30 años condena dominicano acusado de matar a cinco en Panamá

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EFE/Panamá.-Un juzgado de Panamá redujo de 50 a 30 años la pena que purga el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, sentenciado por el secuestro y homicidio de 5 personas y quien se ha fugado dos veces de la cárcel, la última en febrero pasado, informaron este viernes fuentes judiciales y jurídicas.

Ventura Ceballos, de 44 años, fue sentenciado en julio de 2018 a 50 años de cárcel por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes panameños de ascendencia china en 2011 que residían en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Una fuente judicial confirmó a Efe la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, mientras que sus abogados dijeron a la prensa que la reducción de la pena es de 20 años.

Uno de los defensores, el ex fiscal general de Panamá Rogelio Cruz, explicó a la prensa que Ventura Ceballos fue pedido en extradición a Costa Rica, donde fue capturado tras su primera fuga en 2016, por el homicidio de tres de las cinco víctimas, y que solo por esos casos podía ser juzgado.

El exprocurador indicó que espera ser notificado de la decisión del Tribunal para presentar un recurso de casación en contra del fallo, pidiendo que Ventura Ceballos sea declarado inocente.

Por su parte, el Ministerio Público dijo a Efe que «aún no ha sido notificado» de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia, y que en cuanto esto suceda «hará los análisis correspondientes» para decidir los pasos a seguir.

Las víctimas de este caso, que conmocionó a Panamá en su momento, son Yessenia Argelis Loo Kam, de 18 años; Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).

Además de Ventura Ceballos, fueron condenados a 50 años de cárcel por el caso Alcibiades Méndez (dominicano), y los panameños Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, mientras que a 15 años fueron sentenciados los panameños Kenny Bendibúú Salazar y Roberto Mariscal Rodríguez.

El 3 febrero de este año, Ventura Ceballos se fugó por segunda vez de un cárcel de máxima seguridad en Panamá, y las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de 50.000 dólares para dar con su paradero.

Su recaptura se produjo diez días después en el sector El Salao de Remedios, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, gracias a una labor de inteligencia.

Esta nueva fuga del dominicano le costó el cargo a los entonces ministros de Seguridad Rolando Mirones y de Gobierno Carlos Romero, y desencadenó un aluvión de críticas contra la Policía y la política de seguridad.

En las redes sociales y programas de opinión se preguntaban sobre cómo era posible que un reo de altísima peligrosidad como Ventura Ceballos se escapara si se encontraba prácticamente en aislamiento, no gozaba de salidas al patio de la prisión ni compartía celda con otro recluso.

Este homicida ya se había escapado de la cárcel «La Joyita» de Panamá en diciembre de 2016, pero fue recapturado en septiembre de 2017 en Costa Rica.

Los familiares de los cinco jóvenes asesinados criticaron el fallo del Tribunal que le recorta la pena a Ventura Ceballos y también a la administración de justicia.

Judith Chen, madre de una de las jóvenes asesinadas, afirmó a la local TVN que esta es «otra puñalada» a la herida que ya tienen por dentro y que cuando creen que lo están superando «vuelven a recibir un golpe».

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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Hackean a Salud Pública y le roban más de 8 mil archivos de vacunados

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Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, confirmaron el robo de más de 8 mil archivos de personas vacunadas contra la Covid-19 de una base de datos oficial.

La institución informó que estos datos, que incluyen nombres, números de teléfono y direcciones, fueron sustraídos con la intención de venderlos en la Dark Web por entre 1 y 3 euros cada uno.

La Dark Web es un espacio en línea no indexado por motores de búsqueda comunes, utilizado para actividades delictivas como la venta de drogas, armas y datos robados. Los hackers aprovecharon la falta de protección de las computadoras del Ministerio de Salud Pública, que no contaban con un antivirus actualizado, para introducir un malware y extraer la información de los vacunados.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación y ha identificado una dirección IP relacionada con el robo de datos.

Sin embargo, la dificultad para rastrear a los responsables radica en su presencia en la Dark Web, donde se requieren herramientas especializadas como TOR para acceder.

Este incidente se suma a una serie de hackeos a instituciones del Estado dominicano en los últimos años, incluyendo el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección General de Migración.

El más reciente ataque fue dirigido a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el pasado 10 de abril.

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