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La propuesta de Abinader para eliminar el barrilito

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El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos, que buscan prevenir y detener la corrupción administrativa, así como fortalecer la transparencia institucional.

Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de Reformas Institucionales”, el mandatario aseguró que para fortalecer la independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.

“En ese sentido, asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.

Asimismo, aseguró que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.

Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.

La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.

“En este sentido les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.

De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.

El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.

“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”, aseguró el mandatario.

La aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios.

De igual forma, la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.

Otros de los proyectos anunciados por Abinader, para ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.

“También con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban”, indicó.

Asimismo la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas e integrado además por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Análisis Financiero de la República.

En el acto realizado con directores de medios de comunicación y representantes de las instituciones del Estado, Abinader cominicó que de “inmediato” se contratarán un equipo de abogados que acompañen al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de la corrupción administrativa.

“Ello no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos”, expresó.

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Tribunal impone hasta 30 años de prisión a responsables de la muerte del niño Gioser Luis Feliz

El menor de nueve años murió durante un intento de asalto cuando viajaba con su familia tras llegar desde Estados Unidos.

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El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de la provincia Santiago condenó este martes a seis hombres hallados culpables por el asesinato del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años, ocurrido en abril de 2023 durante un intento de asalto a la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao.

La pena más alta, de 30 años de reclusión mayor, fue impuesta a Luis Ángel Vargas Brito, tras ser declarado culpable de asociación de malhechores, asesinato, tentativa de robo agravado y tentativa de asesinato, en perjuicio del menor y de las demás víctimas.

Asimismo, el tribunal condenó a 20 años de prisión a Darlyn Javier Mercado Martínez, Tomás Peña, César Junior Ulloa Cuevas y Elián Martínez Sánchez, al encontrarlos culpables de asociación de malhechores, asesinato y tentativa de robo agravado

En tanto, José Manuel Almonte Santana fue sentenciado a 15 años de reclusión por su participación en los hechos.

Las condenas deberán cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres en Santiago.

El tribunal estuvo presidido por el juez Juan Carlos Colón e integrado además por las magistradas Claribel Mateo y Gladys Núñez.

En el aspecto civil, los jueces condenaron solidariamente a los seis imputados al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de Anibelca de los Ángeles Camilo, madre del menor de edad.

Además, la sala acogió la constitución en actor civil presentada por Sergio Luis Feliz y María Elisa Bautista Rivas, padre y madrastra del niño fallecido, y dispuso el pago de una indemnización simbólica de un peso.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 25 de agosto de 2026, a las 2:00 de la tarde.

El caso

De acuerdo con el Ministerio Público, el menor fue asesinado durante un intento de asalto contra su padre, Sergio Luis Feliz.

La acusación establece que el niño murió a causa de un disparo en la cabeza la tarde del 19 de abril de 2023 mientras viajaba junto a su padre y la pareja de este por la Circunvalación Norte de Santiago, luego de salir del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Según la investigación, los acusados interceptaron el vehículo con la intención de despojar al padre del menor de sus pertenencias, acción que culminó con la muerte del niño.

La familia había viajado a la República Dominicana para disfrutar de unos días de vacaciones cuando ocurrió el crimen.

El  hecho provocó consternación y un amplio rechazo en la sociedad dominicana.

Vía Diario Libre

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Panamá elimina el requisito de visa para los dominicanos

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En una decisión histórica que marca un antes y un después en la movilidad aérea de la región, los ciudadanos de la República Dominicana ya no necesitarán una visa estampada por un cónsul para ingresar a Panamá. El Gobierno del país istmeño derogó de manera oficial el decreto migratorio que imponía este requisito desde el año 2015.

Oficialización inmediata y fin a la restricción de 2015

La medida quedó formalizada este martes a través del Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial de Panamá. La pieza legal lleva la firma del presidente panameño, José Raúl Mulino, y del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

Con esta nueva disposición, queda completamente sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 176 del 23 de noviembre de 2015, una normativa de hace 11 años que obligaba a los dominicanos a someterse a un riguroso y a veces burocrático proceso de visado consular antes de poder viajar a suelo panameño.

Las razones del cambio: Seguridad y diplomacia

De acuerdo con los considerandos detallados en el documento oficial, el Gobierno de Panamá tomó la determinación tras realizar un profundo análisis de las políticas de control migratorio actuales, concluyendo que las circunstancias del pasado han cambiado.

«No persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de la República Dominicana».

Asimismo, las autoridades panameñas destacaron el extraordinario momento que viven los lazos bilaterales entre ambos países, señalando que Panamá mantiene con la República Dominicana «excelentes relaciones diplomáticas y comerciales», un argumento de peso que sirvió de palanca definitiva para eliminar la barrera migratoria.

La eliminación de este visado promete dinamizar de inmediato el turismo, los viajes de negocios y el flujo de pasajeros en el «Hub de las Américas», facilitando las conexiones para miles de dominicanos que viajan frecuentemente a Centroamérica.

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