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VIDEO: Largas filas y protestas en cierre del Metro por horario del toque de queda

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Decenas de personas protestaron este jueves frente a la estación Pedro Francisco Bonó del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres, tras ser dejadas fuera e impedir que accedieran al transporte público para llegar a sus hogares en pleno horario del toque de queda.

A través de un video que llegó a la redacción del periódico Diario Libre, se puede observar un gran número de personas vociferando “que abran la puerta” para entrar a la estación.

Más temprano, se registró una extensa fila en la estación Pedro Mir del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida Abraham Lincoln esquina John F. Kennedy.

Una usuaria dijo a este portal Fuegoalalata.do que por las protestas supuestamente no permitían que salieran los que habían hecho parada en una de las estaciones, a lo mejor para evitar que los quejosos entraran.

En tanto otra comentó a Diario Libre que la fila para entrar a la estación fluían con normalidad, pero este jueves estaba a cuenta gotas.

“Por favor, en la línea amarilla”, se logra escuchar decir a una persona en una filmación que indicaba a los ciudadanos que debían de guardar distanciamiento, como medida de prevención del COVID-19.

Cuando se acerca las 5:00 de la tarde, hora establecida de la restricción, es normal percibir en las calles del Gran Santo Domingo un gran taponamiento y extensas filas de los ciudadanos para tomar el transporte público.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el Metro y el Teleférico trabajarán de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y sábados y domingos de 6:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

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VIDEO: Enfrentamiento entre comunicadoras

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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