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Imponen prisión preventiva a primer teniente acusado de homicidio de un cabo
La Fiscalía del distrito judicial Santo Domingo Oeste logró prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un primer teniente de la Policía Nacional acusado de homicidio en perjuicio de un cabo de la institución, durante una discusión en una clínica de Los Alcarrizos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso tres meses de prisión preventiva al imputado Franklin Batista Valdez, apresado el pasado 01 de enero en flagrante delito, en momentos en que escenificó una discusión con el hoy occiso.
Un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía precisa que Batista Valdez deberá cumplir medida preventiva en el Campamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
Según versiones recabadas por el órgano de la investigación penal, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro de salud, ubicado en el sector Los Alcarrizos, en momentos en que el hoy occiso José Alberto Peña Ramírez, un cabo de la Policía Nacional, se presentó al lugar procurando atenciones médicas para un pariente.
Al llegar al lugar, el hoy occiso supuestamente le pidió al imputado Franklin Batista Valdez que moviera la camioneta en que éste se transportaba, pero él se negó, lo que terminó en una discusión en la que ambos sacaron sus armas de fuego; el oficial disparó primero y dio muerte a Peña Ramírez.
El Ministerio Público les ha asignado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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