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Hombre dice se puso a disposición de la DNCD tras allanamiento y no fue recibido

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José Sosa, abogado de Amílcar Soto Candelario uno de los hombres buscados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Santiago, reveló que se puso a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Santo Domingo y no fue recibido.

El Ministerio Público encabezó un allanamiento la mañana de este viernes en el comando político del alcalde Abel Martínez en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Soto Candelario, una residencia que ha estado rentando el alcalde desde hace 15 años, según reveló.

Soto Candelario se presentó este viernes al canal de TV CDN, en Multimedios el Caribe, junto con su abogado para indicar que está a disposición de la justicia.

“Supimos que lo estaba buscando sobre un caso que hay en Santiago. Cuando nos enteramos fuimos a la DNCD a hablar con el vocero, y no nos atendieron. Les explicamos la situación, que su nombre y foto están en todos los medios, y que no dijeran si hay acusación o no contra él”, declaró Sosa.

Según el abogado, en la sede central de la DNCD ubicada en Santo Domingo “nadie sabe nada”.

La Fiscalía de Santiago y la DNCD allanaron el comando político de Martínez en busca alegadamente de dos hombres que deben de responder a la justicia. Se trata de Carlos Edelmiro Rossó Peña, quien fue extraditado hacia Puerto Rico en 2009 y Amílcar Rafael Soto Candelario fue detenido por organizar viajes ilegales en 2008. Ambos hombres fueron despedidos de la Armada Dominicana hace más de 10 años.

La Fiscalía de Santiago aclaró que el allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público a una vivienda alquilada por Abel Martínez, no era en contra del alcalde; sin embargo del lugar se sustrajeron en calidad de detenidas varias armas de fuego para ser depuradas.

La Fiscalía de Santiago indicó que en el transcurso del día ofrecerá más detalles sobre el operativo.

FUENTE: Diario Libre 

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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