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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Arrestan dos mujeres por presunta extorsión y amenazas con fotos íntimas en WhatsApp

Una de ellas fue captura en el Aeropuerto Internacional Las Américas (Aila) por la Interpol

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Miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) arrestaron a dos mujeres a las que vinculan con estafa electrónica y extorsión.

Una de las detenidas fue identificada como Rosalba Franco Ascencio, quien fue capturada en el Aeropuerto Internacional Las Américas (Aila) por miembros de la Oficina Central de la Interpol en Santo Domingo.

De acuerdo con el informe policial, su arresto se debió a que se le benefició en su cuenta bancaria con la suma de 39,500 pesos, producto de una extorsión y amenaza a una ciudadana, realizada mediante la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp. La amenazó que revelaría sus fotos íntimas si no depositaba la cantidad de dinero exigida.

Las autoridades policiales también apresaron a Franquisi Núñez Reynoso, quien también amenazó a otra persona con publicar sus fotos íntimas si no le deposita 40,000 pesos en su cuenta. Fue detenida en el Distrito Nacional.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

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Condenan a 15 años de prisión a “El Dotolcito”; le cantan 30 años a “Chiquito” y 20 a “Luisito”

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El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una condena de 15 años de prisión a Wesly Vincent Carmona, “El Dotolcito”, hijo del comunicador Vincent Carmona (Dotolcito) por robo agravado contra varias personas a las afueras de una discoteca del Distrito Nacional, en un hecho en el que murió el joven Joshua Fernández.

Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo impusieron una condena de 30 años de prisión a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), quien fue señalado como la persona que realizó el disparo que terminó con la vida del joven Fernández.

Mientras Luis Brito Tronocoso (Luisito) fue condenado a 20 años de prisión por robo agravado y porte de arma ilegal.

La madre de Joshua Fernández, Bertina Decena, se mostró conforme con la sentencia emitida por las tres juezas antes mencionadas del tribunal.

En días pasados, el Ministerio Público logró la variación de la calificación jurídica a los imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández, al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acoger la variación del párrafo V por II del artículo 66 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.

Dentro de las pruebas presentadas por el ingeniero Eddy Ogando Lorenzo figura una conversación que habría sostenido el imputado Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito) con el taxista.

Además, presentaron evidencias, el sargento mayor Ronny Seberino Carmona y el mayor Carlos José Gómez.

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