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Dueños de bares y restaurantes se manifiestan en la Plaza de la Bandera
Randy Croussete paga 200 mil pesos de alquiler en un negocio en la avenida Venezuela que está cerrado desde agosto y asegura que aún así, la factura de la electricidad más baja que ha recibido fue de 31 mil pesos, en noviembre del año pasado. Su situación no es exclusiva y explica que sus hermanos, también empresarios, tuvieron que desmantelar sus establecimientos porque no resistieron los meses de cierre causados por la emergencia del COVID-19.
Croussett es uno de varios dueños de bares y restaurantes que se reunió esta mañana en la Plaza de la Bandera para pedir mayor flexibilidad del Gobierno, para que les permitan trabajar, aunque sea con la mitad de la capacidad de sus clientes. Solicitaron al presidente Luis Abinader tomarlos en cuenta en el mensaje que dirigirá este lunes a la nación.
Aseguraron que su Asociación de Bares y Restaurantes agrupa a cerca de 5,000 comercios y 168 mil empleados, que se quedarán sin trabajo si las medidas de contención no se flexibilizan.
Los propietarios de bares encuentran desigual el trato de las autoridades con ellos, respecto a las facilidades que tienen cadenas hoteleras y muchos otros tipos de negocios de gran capital.
Lamentan las restricciones más estrictas los fines de semana, días en que suelen tener sus mayores entradas de clientes para cubrir sus gastos.
Vía Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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