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Vocero de Abel Martínez presenta permisos de armas incautadas en casa política del alcalde

El comunicador y abogado Fernando Ramírez, vocero de Abel Martínez, mostró documentos que autorizan la posesión de seis de las armas que el Ministerio Público se incautó de la casa política del alcalde de Santiago durante un allanamiento.
En una visita al periódico Diario Libre, Ramírez indicó que las armas, una escopeta Maverick y una pistola Carandai, las posee el alcalde “con sus licencias permanentes” otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa.
Las otras cuatro, incluido un fusil M-16, pertenecen a los militares que son partes de la seguridad de la alcaldía de Santiago.
En el caso del fusil M16 dijo que este fue asignado al teniente coronel Lowell Cuecas Nin hace diez años cuando ostentaba el rango de capitán.
Sobre las dos armas que están asignadas a Abel Martínez, las cuales se han mantenido en caja fuerte, “sin nunca habérsele dado uso y según consta en los registros del Ministerio de Interior y Policía, es una escopeta marca Maverick, calibre 12″.
Afirma que, aunque se dijo que esa escopeta también fue retenida por los representantes del Ministerio Público, esta no fue incautada.
“Dos armas más que fueron retenidas ilegalmente por el fiscal tienen el permiso de Abel Martínez Durán dado por el Ministerio de Interior y Policía, una escopeta marca Maverick, calibre 12, la cual cuenta con su licencia permanente a nombre también de Abel Martínez, y hay una pistola marca Carandaí que es propiedad del Ministerio de las Fuerzas Armadas asignada en su condición de diputado de la República al alcalde Abel Martínez”, afirmó.
Las armas fueron incautadas el pasado viernes cuando la residencia fue allanada en buscaba de dos personas que se vinculó hace varios años al narcotráfico.
El vocero de Abel Martínez acusó al fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, de practicar el allanamiento de manera irregular. Recordó que corresponde al procurador de la Corte de Apelación llevar los procesos en contra de los alcaldes.
Ignoran intención del Ministerio Público
El abogado Fernando Ramírez aseveró que no saben a “ciencia cierta” las intenciones del Ministerio Público contra el alcalde de Santiago.
No obstante, considera que es una intención de hacer un daño a las aspiraciones políticas de Abel Martínez que, según, afirma, será el próximo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Informó que el abogado Félix Portes ya empezó a formalizar el pasado lunes una querella disciplinaria ante la Inspectoría del Ministerio Público en contra del fiscal de Santiago y otros que lo acompañaron, para que estos sean suspendidos de sus funciones.
La asignación de algunas las armas
Ramírez sostuvo que una de las armas incautadas es una pistola marca HI- Power, calibre 9 mm, No.397518, asignada para uso oficial al sargento Ángel María Rosario Pérez, del Ejército, según consta en el documento emitido por la Intendencia de Armas del Ministerio de Interior y Policía.
Mientras que una pistola de la marca CZ calibre 9mm, No. K8512 propiedad del Ministerio de Interior y Policía, está a cargo del sargento Jelinzo Manuel Mora Guzmán, ERD, que, de acuerdo al documento, es para uso oficial del mencionado militar.
En tanto que la otra arma, es una pistola marca Carandai, 9 mm, No. G14161 propiedad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, le fue asignada en su condición de diputado de la República.

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Senador Cholitín Duluc ‘recula’ y retira proyecto de ley sobre ‘discurso de odio’

El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), comunicó este lunes que ha tomado la decisión de retirar el Proyecto de Ley que buscaba sancionar el “discurso de odio”, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad.
El documento legislativo elaborado por Duluc, colocaba de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.
Las sanciones para quienes cometan este delito serían prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público, según detalla NTelemicro.
El proyecto encontró el rechazo en la población dominicana.
AQUÍ COMUNICADO DEL SENADOR
Hoy me dirijo a ustedes con la misma responsabilidad y transparencia con la que he ejercido mi rol como legislador.
Hemos tomado la decisión de retirar el Proyecto de Ley sobre el Discurso de Odio, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad. En democracia, escuchar no es ceder; es actuar con humildad y compromiso.
Este proyecto nació de una preocupación legítima: el aumento del odio disfrazado de libertad de expresión, la violencia verbal, el daño que causan los ataques anónimos en redes sociales. Nuestro propósito siempre fue proteger la dignidad humana y promover el respeto entre dominicanos.
Sin embargo, cuando una iniciativa legislativa no encuentra consenso amplio y genera divisiones, lo sensato y lo correcto es hacer una pausa. Como representante del pueblo, tengo la obligación de escuchar, reflexionar y rectificar si es necesario.
Reitero que no hemos actuado por conveniencia, sino por convicción, y justamente por esa convicción entendemos que este es un debate que debe construirse de forma más participativa, académica y plural.
Por eso, invito a los juristas, académicos, periodistas, estudiantes, y a toda la sociedad civil a seguir reflexionando sobre cómo construir un marco legal que defienda tanto la libertad como la dignidad.
Agradezco la crítica, el diálogo y también el respeto con el que muchos han expresado sus opiniones. La democracia se fortalece cuando quienes gobernamos sabemos escuchar y actuar en consecuencia.
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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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