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Funcionarios tienen prohibido viajar en primera clase con fondos del Estado
El gobierno anunció que los servidores públicos tienen prohibido viajar en primera clase con los fondos del Estado y a su regreso del exterior deberán enviar facturas de gastos para su revisión.
Así lo expresó el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante el anuncio de la creación de un sistema de devolución de viáticos por concepto de viajes al exterior.
Dijo que con estas medidas el gobierno ahorrará hasta del 40 por ciento ante gastos que alcanzaron los 1,560 millones de pesos, 884 millones correspondientes a labores diplomáticas y consulares, y 676 millones a otros viáticos.
En una rueda de prensa, Paliza indicó que todas las instituciones que tramitan gastos de misiones oficiales han sido informadas del procedimiento para realizar los reembolsos al Estado Dominicano de valores sobrantes avanzados a los servidores públicos.
«Inmediatamente los servidores públicos regresen al país acabadas sus tareas del exterior deberán entregar las facturas de gastos para su revisión vía un enlace institucional ya designado, para que posteriormente en un plazo no mayor de cinco días laborables el restante sea depositado en la cuenta Única del Tesoro República Dominicana con las especificaciones de la entidad que realiza el reembolso», sostuvo.
En ese sentido, manifestó que una vez depositados allí los recursos serán acreditados a la apropiación presupuestaria de la institución.
Por otro lado, dijo que el equivalente del 20% de los viáticos entregados será considerado como gastos menores.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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