Panorama
Rompen cristales de oficina de senadora Faride Raful durante protesta por el 30% de las AFP
La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, deploró que se realicen reclamos por medio de violencia a la vez que denunció a través de Twitter que su oficina en el Congreso Nacional resultó afectada luego de que manifestantes protestaran fuera del edificio legislativo por el 30 por ciento de los fondos de pensiones, conocido como AFP.
“Así vamos. A pedradas rompiendo los cristales de nuestra oficina. Un grupo que hace reclamos apostando al caos”, citaba el referido tuit.
La representante del Distrito Nacional compartió además varias imágenes de dos ventanas rotas, cristales en el piso y una de las piedras lanzadas.
El grupo de manifestantes exige la aprobación del proyecto de ley que busca entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones.
La protesta, supuestamente convocada por el diputado Pedro Botello, mantenía un ritmo pacífico hasta que los manifestantes arribaron a la rotonda próxima al Congreso Nacional. Una vez allí, intentaron derribar las cercas metálicas que impedían su paso al edificio legislativo.
En respuesta, los policías que custodiaban el cerco respondieron a la incitación de los manifestantes con bombas lacrimógenas y macanazos para intentar controlarlos.
El proyecto de ley que busca entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones se encuentra actualmente en el Senado de la República, luego de que fuera aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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