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Embargo contra Alexander Montilla es por deuda de RD$170 millones

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El embargo de la Fiscalía del Distrito Nacional en uno de los departamentos de Alexander Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama, Cándida Montilla de Medina, se debe a “una deuda de más de RD$170 millones de pesos”, generada por un crédito para la compra de equipos electrónicos en el 2016.

El abogado Leandro Taveras, representante de Miguel Alexander Pérez Pérez, dijo que durante la gestión pasada no se pudo cobrar el préstamo, por lo que una vez realizado el cambio de gestión gubernamental, se comenzó el proceso para recuperarlo.

Neveras, televisores, muebles, libros, estufa, y otros utensilios fueron desocupados del departamento ubicado en edificio residencial Terrazas del Mirador II, de la urbanización Renacimiento.

El abogado dijo que en caso de que la Procuraduría General de la República comience una investigación penal, estarían en la disposición de aportar pruebas contra Montilla Sierra.

«Hemos hecho embargos en instituciones públicas y le estamos dando seguimiento y tenemos informaciones hasta de distracción de bienes que ese señor (Montilla Sierra) está haciendo», precisó Taveras.

El embargo se realizó con la presencia del Ministerio Público y un juez para darle legalidad al proceso.

Cuando ocurrió el cambio de presidente, el departamento fue deshabitado, según reveló una vecina.

FUENTE: Diario Libre

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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