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Dictan prisión preventiva de tres meses a Luis Inchausti por violencia de género
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al exdirigente político Luis Inchausti Rivera, acusado de violencia física, verbal y psicológica en contra de una expareja, cuyo nombre no ha sido informado por el ministerio público para proteger su identidad.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dispuso que el exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) cumpla la medida de coerción en la cárcel de Najayo.
La medida de coerción fue conocida en audiencia virtual, debido a que actualmente Inchausti Rivera es positivo al COVID-19, por lo cual cuando fue arrestado fue trasladado al Batey Bienvenido, para que permanezca en aislamiento y bajo el seguimiento médico necesario.
La coordinadora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género del Distrito Nacional, Belkis René Rodríguez, informó esta semana, en un comunicado de prensa, que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado, porque no ofrecía garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos.
Argumentó, además, que es reincidente en la comisión de delitos de violencia de género.
Según la instancia del ministerio público, Inchausti Rivera agredió verbal, física y psicológicamente a la víctima en presencia de la hija de ambos, de siete años de edad.
Lo que dijo su abogada
La abogada Jacqueline Jiménez calificó de ilegal el apresamiento del dirigente político, Luis Inchausti, por violencia de género contra una expareja.
En declaraciones telefónicas a El Sol de la Mañana, de Zol FM, expresó que la prisión es ilegal porque el agente que lo apresó no escribió cuando ocurrió la flagrancia, el delinto y la infracción.
Defiende a Luis Inchausti con John Garrido y Julio Moreta.
«Está completamente en blanco, y además también la denuncia se nos ha presentado. Se nos dan dos hojas con el mismo contenido y no dice de qué se le acusa, absolutamente nada», expuso.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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