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Panorama

Dictan prisión preventiva de tres meses a Luis Inchausti por violencia de género

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El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al exdirigente político Luis Inchausti Rivera, acusado de violencia física, verbal y psicológica en contra de una expareja, cuyo nombre no ha sido informado por el ministerio público para proteger su identidad.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dispuso que el exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) cumpla la medida de coerción en la cárcel de Najayo.

La medida de coerción fue conocida en audiencia virtual, debido a que actualmente Inchausti Rivera es positivo al COVID-19, por lo cual cuando fue arrestado fue trasladado al Batey Bienvenido, para que permanezca en aislamiento y bajo el seguimiento médico necesario.

La coordinadora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género del Distrito Nacional, Belkis René Rodríguez, informó esta semana, en un comunicado de prensa, que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado, porque no ofrecía garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos.

Argumentó, además, que es reincidente en la comisión de delitos de violencia de género.

Según la instancia del ministerio público, Inchausti Rivera agredió verbal, física y psicológicamente a la víctima en presencia de la hija de ambos, de siete años de edad.

Lo que dijo su abogada
La abogada Jacqueline Jiménez calificó de ilegal el apresamiento del dirigente político, Luis Inchausti, por violencia de género contra una expareja.

En declaraciones telefónicas a El Sol de la Mañana, de Zol FM, expresó que la prisión es ilegal porque el agente que lo apresó no escribió cuando ocurrió la flagrancia, el delinto y la infracción.

Defiende a Luis Inchausti con John Garrido y Julio Moreta.

«Está completamente en blanco, y además también la denuncia se nos ha presentado. Se nos dan dos hojas con el mismo contenido y no dice de qué se le acusa, absolutamente nada», expuso.

Panorama

Abel Martínez propone sacrificar cerdos e indemnizar a productores

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El alcalde Abel Martínez, reiteró hoy su preocupación por las continuas muertes de cerdos que se están produciendo en el país, principalmente en las provincias fronterizas de Dajabón, Montecristi, Elías Piña y otras zonas de la República Dominicana.

La preocupación de Martínez, ahora tiene mucho más fundamento, ya que el Departamento de Agricultura de EE. UU.(USDA), anunció que la República Dominicana, ha confirmado la existencia de casos de cerdos con la denominada fiebre porcina africana, (PPA), por sus siglas en ingles.

Señala elCaribe que Abel Martínez entiende que se hace urgente la intervención del gobierno para detener la propagación de la enfermedad porcina, que ha causado la muerte de más de tres cerdos de diferentes edades, lo que también sucede en granjas organizadas que siguen los parámetros de higiene.

Sugiere que sean sacrificados de inmediato todos los cerdos de comunidades de la zona fronteriza y que los productores afectados sean debidamente indemnizados y que se realicen pruebas en las zonas de mayor producción de cerdos para comprobar la existencia de la enfermedad.

“Lo que se plantea ahora, es que el gobierno intervenga la producción de cerdos en comunidades de la zona fronteriza, proceda al sacrificio de los animales y que los productores afectados sean debidamente indemnizados y que se proceda a la realización de pruebas para establecer la presencia del virus en la producción de cerdos”, indicó Abel Martínez.

Martínez, recordó que la producción de cerdos en el país representa unos 10,500 millones de pesos al año para la economía nacional, por lo que se debe proteger a un sector que genera empleos directos e indirectos y contribuye de forma significativa en la alimentación de las familias dominicanas.

Asimismo, Martínez dejó claramente establecido que unos 1,800 productores organizados en todo el país, se dedican actualmente a la crianza de cerdos, por lo que entiende es un sector que se debe cuidar y que sobre todo se investigue el origen de las muertes de una considerable cantidad cerdos en todo el territorio nacional.

“Sabemos que una gran parte de los cerdos que se producen en el país, son criados en pequeñas granjas de los patios de las mismas residencias de los pequeños productores, que muchas veces incurren en préstamos para la compra de crías y que, si mueren en medio del proceso, es llevar a esos pequeños productores a la quiebra total”, aseguró Abel Martínez.

Martínez atribuyó estas muertes, a que las actuales autoridades agropecuarias del país, no acudieron a tiempo, ante el llamado de desesperación de productores de cerdos que veían morir a sus animales de forma repentina y que fueron dejados solos.

“Han abandonado el campo dominicano y parte de ese abandono es la desvinculación de más de 500 técnicos agropecuarios en las diferentes instituciones públicas y que por falta de asistencia técnica y vigilancia sanitaria, los productores están desprotegidos”, aseguró Abel Martínez.

Estados Unidos, prohibió la entrada de carne de cerdo desde la Republica Dominicana y advirtió a los viajeros de vacaciones y otros viajeros, que deben saber que es ilegal transportar productos cárnicos especiales u otros productos agrícolas desde la República Dominicana a los Estados Unidos.

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Tres meses de prisión preventiva para exempleado JCE acusado de robar equipos informáticos

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Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre que se valió de su condición de empleado de la Junta Central Electoral para supuestamente robar equipos de esa institución.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró impuso la medida de coerción a Aneudy Alexander Ferrand Abreu, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La Procuraduría ante la JCE, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad solicitaron la prisión preventiva contra Ferrand Abreu, quien sustrajo varios equipos de la oficina de la JCE ubicada en la avenida Correa y Cidrón, esquina Italia, del sector Honduras.

La instancia de solicitud precisa que el 22 de mayo pasado, el imputado se presentó a una tienda de equipos electrónicos de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde vendió al propietario del establecimiento 22 mini CPU, o procesadores de computadoras, de la marca Hp Pro Desk 400 G4, con los seriales y códigos de la entidad responsable de los procesos electorales y del registro civil.

El órgano de justicia indicó que el 15 de julio, en horas de la madrugada, Ferrand Abreu penetró a otro de los locales del órgano electoral, ubicado en Las Colinas, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde se almacenan equipos de alto costo.

Detalló que una vez en el lugar le aseguró al guardia de la seguridad que se reuniría allí con otros empleados que se dirigían a Jimaní a dar un soporte técnico y, a los pocos minutos, salió del lugar con una mochila conteniendo varios mini CPU, entre otros dispositivos, los cuales introdujo en su vehículo, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.

“En fecha 19 de julio del año 2021, el imputado Aneudy Alexander Ferrand Abreu contactó al subencargado de Investigaciones ante la Junta Central Electoral con la finalidad de supuestamente entregar equipos que este había sustraído, siendo detenido en virtud de una orden de arresto que se había emitido en su contra”, señala el órgano de la persecución penal.

Precisa que al momento del arresto conducía un vehículo en el que se le ocuparon 22 mini CPU, con sus cargadores.

Durante la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Esther González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral, quien sustentó la solicitud de prisión preventiva en diferentes evidencias testimoniales, documentales y materiales, así como imágenes fotográficas.

El Ministerio Público le atribuye a estos hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal, así como el artículo 3, literales A y B, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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