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Denuncian construcción de subestación eléctrica en zona de concurrencia en Bávaro

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La secretaria general de la Asociación de Empresarios e Inversionistas de Bávaro, Katy Soto, denunció este martes la construcción de una subestación eléctrica en la avenida España de Bávaro Punta Cana, instalación que asegura no es legal en zonas concurridas como esa.

Al ser cuestionada sobre la obra en una entrevista telefónica en El Gobierno de la Mañana,  de la Z101, Soto narró que en dicha avenida donde hay un espacio para parqueos, notaron que una empresa estaba haciendo grandes huecos en la tierra y que cuando fueron abordados dijeron que era para unos imbornales y como en esa vía hay problemas con inundaciones pues le creyeron.

“Sorpresa nuestra cuando nos damos cuenta que en otro terreno están haciendo una subestación eléctrica, llamamos al CEPM y nos comentan que sí, que eso es una subestación eléctrica y que ellos tienen todos los permisos, ahí nos comunicamos con el alcalde de La Altagracia, Rafael Duluc, él nos comenta que no, que no es una subestación que es un proyecto muy bonito que es beneficioso para la comunidad”, agregó.

En ese sentido, la empresaria aseguró que al edil le han enviado videos y fotos de lo que se está haciendo en el lugar, pero que él les dice que eso no es de esa zona, por lo que la asociación fue a la sala de regidores de la provincia de La Altagracia y que los funcionarios no estaban enterados de esa situación ni de los permisos.

Asimismo, aclaró que el permiso que le dio el departamento de planeamiento urbano fue para que colocaran tendido eléctrico, mientras que, el Ministerio Ambiente de esa zona le dio permiso a esa empresa solo para limpiar el lugar donde están haciendo la construcción.

“Pero nadie ha parado la obra a pesar de que hemos intimado a través de alguacil, al Ministerio de Turismo, de Medio Ambiente, de la gobernadora, nadie se ha personado aquí a esta situación y al contrario con la quejas de los ciudadanos ellos han aumentado los trabajos”, enfatizó Katy Soto.

FUENTE: Z digital

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VIDEO: Enfrentamiento entre comunicadoras

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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