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Según encuestadora Ito Bisonó es el ministro mejor valorado
La firma encuestadora CCD Contacto Directo presentó los cinco ministros mejor valorados del gobierno del presidente Luis Abinader, así como otros cinco funcionarios y sus valoraciones.
Se realizó una ponderación de acuerdo al perfil del ministro, transparencia, popularidad y valoración del capital humano.
El primer lugar lo ocupa el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor – Ito-Bisonó, con un 6.7, seguido del ministro de Educación Roberto Fulcar valorado con 6.5; David Collado, ministro de Turismo en tercer lugar con un 6.4, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente 6.0 y Miguel Ceara Haton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en quinto lugar con un 5.8.
Los atributos que valoraron los ciudadanos en los ministros fueron el trabajo, la transparencia, la popularidad y su capacidad de respuesta ante las circunstancias que ha presentado la Covid-19. De igual forma se tomó en consideración la del capital humano interno de sus respectivas instituciones.
El representante en el país de la firma, el director de investigación Pedro Ripley, dio a conocer otros cinco funcionarios valorados por los ciudadanos: Eduardo Sanz Lovatón, director general de aduanas 6.6, Luís Valdez, director general de Impuestos Internos 6.4; Pedro Luís Castellano, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, junto a Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en el tercer lugar con 6.1; Tony Peña Guaba, del Gabinete de Políticas Sociales con 5.9 y Gloria Reyes, directora general de Prosoli en la quinta posición con 5.7.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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