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República Dominicana vacuna a mayores de 70, un año después del primer caso
Santo Domingo, 1 mar (EFE).- Tras un año exacto del registro oficial del primer caso de covid-19 en la República Dominicana, el país comenzó este lunes a vacunar a la población de más de 70 años, dentro de la primera fase de inmunización iniciada hace dos semanas.
A día de hoy la República Dominicana suma 239.998 contagios de covid-19 y 3.106 fallecidos, siendo uno de los países de la región con menor incidencia de coronavirus y, si se cumplen los planes de las autoridades, será uno de los primeros en vacunar a la mayoría de su población.
En esta primera etapa del plan de vacunación, el Gobierno espera inocular a 1,4 millones de personas, incluyendo ancianos, personal sanitario y profesores de preescolar y de primaria.
El proceso de vacunación comenzó el 16 de febrero, justo un día después de la llegada de las primeras dosis, que hasta el momento suman 818.000, en su mayoría chinas.
Según avanzó el sábado el presidente Luis Abinader, el Gobierno pretende vacunar al 80 % de la población hasta el final de junio, para lo que ha comprado ocho millones de dosis más del laboratorio chino Sinopharm, ante los retrasos en las entregas de otras grandes farmacéuticas.
Las primeras vacunas han empezado a aplicarse en un momento de baja incidencia de la enfermedad en el país, tras conseguir una reducción de casos en las últimas semanas, después de registrarse un importante pico tras las fiestas navideñas, lo que ha permitido relajar algo las medidas para evitar la propagación del coronavirus.
El 1 de marzo de 2020 se confirmaba que un ciudadano de nacionalidad italiana hospedado en un hotel de Bayahibe (este), era el primer paciente de covid-19 en la República Dominicana.
Tras producirse los primeros contagios locales, el 19 de marzo, el entonces presidente Danilo Medina estableció el estado de emergencia y un día después ordenó el cierre de fronteras y aplicó el toque de queda.
Desde ese momento quedaron paralizadas las actividades no esenciales y fue necesario aplazar al mes de julio las elecciones presidenciales y legislativas previstas para mayo.
El toque de queda solo se levantó de cara a las elecciones y tras las votaciones, esta medida volvió a ser introducida debido a la ola de contagios que se produjo como resultado de las aglomeraciones electorales y por el relajamiento de las restricciones.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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