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Reportaje Huesped

El peaje sombra hasta el 2038

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Por Ashley Ann Presinal/LISTÍN DIARIO.- Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia: el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná.

La ambiciosa obra prometía “grandes avances” para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se estimaba.

La concesión vial Autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes.

El pasado 27 de febrero, en su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República Luis Abinader se refirió por primera vez contra el “peaje sombra” como algo “infame”, que representa un gran peso económico para el país, y prometió acudir a las vías legales para “buscarle solución”.

De acuerdo con el mandatario, desde hace 13 años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.

Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra” la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de RD$7,000 millones por este concepto.

El meollo del asunto radica en que el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le espera “peaje sombra” hasta el año 2038.

“De seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.

Tras esa queja pública, el siguiente paso que dio el Gobierno fue contratar el pasado 2 de febrero al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.

Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Guerrero señaló que al momento de recibir el poder de la Presidencia de la República para estudiar el caso del “peaje sombra”, sólo conocía lo que se había publicado en la prensa.

Mientras Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló en el Programa Matinal, de Telemicro, canal 5, que el gobierno presidido por Abinader “siempre trata de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”.

¿Por qué “peaje sombra”?
El proyecto que pactó la construcción y administración de las autopistas es una concesión vial, herramienta por medio de la que el Estado otorga a una empresa privada mediante licitación un contrato para construir, explotar y conservar un tramo transitable por un período, y a cambio la administración pública se compromete a pagar con los peajes recaudados en la obra.

En el caso de la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico, las empresas colombianas se comprometieron a financiar de forma directa el 80% del costo total de la obra asegurando su construcción, mantenimiento y operación, siempre y cuando el Gobierno dominicano les cediera el derecho a recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por un período ininterrumpido de 30 años.

Pero aunque todo prometía estabilidad y un vasto desarrollo para el país, las “letras pequeñas” del contrato contienen una cláusula que obliga al Gobierno a pagar un “mínimo garantizado” a la concesionaria para “proteger la inversión”.

El llamado “peaje sombra” se origina en vista del déficit existente en el flujo de vehículos que circulan por carretera, por tanto al Gobierno le toca pagar miles de millones de pesos como la diferencia pautada para cumplir con el contrato.

En los montos devengados anualmente por concepto de este peaje “fantasma” no se incluyen los millones que recaudan estas empresas de forma directa en los distintos peajes de Marbella, Naranjal, Guaraguao y Catey, cuyos precios ascienden a RD$2,170 si se trata de un viaje ida y vuelta en un vehículo categoría I.

Si por el contrario, se trata de un viaje ida y vuelta de un vehículo pesado, categoría IV, entonces el monto a pagar escala a RD$8,114. Pero además de tener el control absoluto de todo lo que atraviesa los peajes, Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico S.A. también tienen asegurado como “aporte adicional” el pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, mejor conocido como ITBIS.

Esta última parte está definida en el acuerdo número seis del contrato en el que se manifiesta que “a la fecha de presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte adicional”.

Así nació el “peaje sombra”
La signatura del contrato pasó por manos de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el expresidente Hipólito Mejía a la cabeza, y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dirigido por el expresidente Leonel Fernández en su segundo y tercer mandato.

La concesión vial entre la empresa Autopista del Nordeste, S.A. y el Estado Dominicano se originó el 8 de diciembre de 1999, cuando el consorcio colombiano ganó la adjudicación del contrato de ley por concurso público internacional para construir y operar la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos.

El 22 de enero de 2001 la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (Seopc), representada por Miguel Vargas Maldonado, autorizó a las empresas accionistas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A para que también formaran parte del concesionario.

El 18 de julio del mismo año se firmó el contrato “Construcción de la carretera Santo Domingo – Samaná bajo el sistema de administración del régimen de Peaje” entre Vargas Maldonado y el representante de la concesionaria, Luis Fernando Jaramillo Correa, por un monto de US$125,516,542.

Se acordó que el plazo total del contrato sería de 33 años y tres meses, de los cuales los primeros tres meses correspondería al plazo de liquidación del contrato, tres años para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos de la entidad privada.

El contrato dispone que “si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para este período, el Concedente (Gobierno dominicano) compensará la diferencia al Concesionario”.

Esta cláusula que abrió las puertas a la garantía del “peaje sombra”, con el objetivo de “mantener el equilibrio económico del proyecto”, también fue aprobada en las actas firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006 por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.

Posterior a la firma, el proyecto millonario se dividió en dos fases: la primera compuesta por la construcción de la Autopista del Nordeste y la segunda por la construcción del Boulevard Turístico del Atlántico y la rehabilitación de la carretera que va desde Nagua hasta Las Terrenas.

Esta segunda etapa fue aprobada por Fernández y el Congreso Nacional el 23 de agosto de 2007, y el 22 de noviembre del mismo año fue firmada entre el exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y la empresa Boulevard Turístico S.A., cuya estructura accionarial y recursos son los mismos que los de la Autopista del Nordeste, S.A.

Aunque el convenio de ambas obras correspondió a mandatos distintos, estas se pusieron en marcha durante el Gobierno de Fernández, el 30 de junio de 2008 y noviembre de 2011 respectivamente.

En una carta remitida en 2008 al Congreso Nacional, el expresidente Fernández expresó que según el modelo financiero de la obra el Estado dominicano debería obtener ingresos por un monto de US$900 millones durante la vigencia del contrato.

Se basó en un “estudio de tráfico”
La aprobación del proyecto que une al sur y al noreste del país se basó en la “Certificación del Modelo de Demanda o Tráfico” expedida en 2005 por la consultora de tráfico internacional Louis

Berger Group, cuyo estudio se apoyó en un reporte de la firma española especializada en planificación de transporte Auding S.A.

Según lo establecido en el acta de acuerdo no. 8 del contrato de concesión, el estudio fue presentado por Autopista del Nordeste S.A. “con el objeto de minimizar el riesgo de la incertidumbre en las proyecciones del ingreso de tráfico del proyecto”.

Este “estudio de tráfico” pronosticó que el Estado dominicano sólo pagaría “peaje sombra” por siete años, desde su inauguración en 2008 hasta el 2015, ya que pasado este tiempo “el flujo de vehículos sería idóneo”.

Sin embargo, pasados 13 años desde su puesta en operación las cifras pagadas a las empresas siguen aumentando y el presente año 2021 promete ser uno de los que “más caro” le saldrá al erario.

Denuncias
De acuerdo con el informe “Autopsia Fiscal: Evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para la garantía de derechos”, elaborado por el Oxfam República Dominicana en 2019, en los primeros ocho años de funcionamiento de las autopistas el capital privado ha duplicado su inversión.

“Esta modalidad contractual representa una fuga de recursos considerables para el fisco, aparte del costo del bolsillo para la ciudadanía en general, que ya supera los RD$2,000 por un viaje ida y vuelta”, se lee en el documento.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ha calificado de “leonino” el contrato de la Autopista del Nordeste y además señaló el compromiso asumido por el presidente Abinader para revisarlo.

Intento de negociación
En ocasiones anteriores ya se había planteado una revisión al contrato de concesión considerado por muchos como “abusivo”, pero ningún gobierno lo ha materializado.

El pasado 15 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas informó que se encontraba en un “proceso de negociación” con el consorcio de empresas para la concretización de un acuerdo que permitiera una “reducción significativa” del costo del “peaje sombra”.

No obstante, en un artículo publicado el mismo día por LISTÍN DIARIO, bajo la firma de la periodista Patria Reyes Rodríguez, se afirma que de manera extraoficial una fuente ligada al Ministerio declaró que “aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con la empresa”.

Reportaje Huesped

Dalton Herrera: Hipótesis que persigue el suicidio del presidente Antonio Guzmán

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POR DALTON HERRERA/LISTIN DIARIO.-A 38 años del suicidio del presidente Antonio Guzmán, una de las hipótesis que se tejieron en torno a su muerte fue la preocupación que este tenía hacia su compañero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Salvador Jorge Blanco, quien había sido electo presidente de la República en mayo de 1982.

De acuerdo al libro “Memorias de un cortesano de la Era de Trujillo”, el presidente Joaquín Balaguer reveló que en enero de 1982, cuatro meses antes de las elecciones generales, se reunió “discretamente” con el entonces Jefe del Estado y su familia, en la Casa Presidencial de Sans Soucí, y que estando solos, entre otras cosas íntimas, el presidente Guzmán le expuso su preocupación por los posibles resultados de las elecciones del siguiente 16 de mayo, porque “le atormentaba sobre todo la posibilidad del triunfo en esa consulta electoral del doctor Salvador Jorge Blanco”.

Según relatos de la época, Guzmán penetró a su baño privado del Palacio Nacional en la madrugada del 4 de julio de ese año y cerró la puerta por dentro, sus ayudantes militares se preocuparon por la tardanza del mandatario, y fue el umbral de lo que se difundiría como un trágico suceso que consternó a la sociedad dominicana.

En su gestión afloraron las voces y los matices políticos diversos.

El periodista Carlos Cepeda, en su libro: “Los que mataron a Antonio Guzmán”, afirmó que el gobernante estaba decepcionado y que entró en una profunda depresión luego de que Jorge Blanco ganó las elecciones.

“Estaba decepcionado por las traiciones y las lacras existentes en la política vernácula, entre otras cosas”, aseguró Cepeda.

Sin embargo, hasta el momento no hay conclusiones médicas, científica, familiar, política, ni social.

Todo lo han dejado al decir y a la especulación de historiadores, cronistas, periodistas e investigadores.

Balaguer afirmó que el presidente Guzmán fue víctima, en los días que precedieron a su suicidio, de un desequilibrio emocional que adquirió finalmente en él carácter de crisis depresiva.

La noche en que se quitó la vida con su propia pistola había hecho comparecer a su presencia al Secretario de las Fuerzas Armadas, general Mario Imbert McGregor.

Durante su gobierno (1978-1982), Guzmán fomentó el respeto a las libertades públicas, por lo que se le valora como el forjador de la democracia dominicana.

En los dos primeros meses, promulgó la Ley de Amnistía, por la cual obtuvieron la libertad centenares de presos políticos y permitió el regreso de cientos de exiliados políticos del régimen balaguerista.

Su figura
El periodista Antonio Gil escribió sobre la dimensión de Antonio Guzmán en un artículo publicado el 4 de julio de 2007, en Listín Diario.

Tras las elecciones de 1962 ganadas por el PRD, Juan Bosch designó a Guzmán secretario de Agricultura, posición en la que se mantuvo hasta que fue derrocado ese gobierno por un golpe militar el 25 de septiembre de 1963, luego de nueve meses en el poder.

El golpe militar, lejos de opacar su figura política, lo llevó a los primeros planos. Cuando estalló la guerra civil en abril de 1965, Guzmán Fernández era uno de sus líderes y se unió rápidamente a los grupos que exigían el retorno de Bosch al poder.

Por su influencia fue tomado en cuenta para integrar un gobierno provisional que pusiera fin a la guerra civil, pero a último momento fue descartado y en cambio se seleccionó a Héctor García Godoy, quien presidiría el gobierno provisional de nueve meses que organizó las elecciones del primero de junio de 1966 que ganó Joaquín Balaguer.

Tras la separación de Bosch del PRD en 1973, Guzmán y José Francisco Peña Gómez se destacaron como figuras de primer orden en ese grupo político.

En 1974 reunieron un conjunto de organizaciones políticas en el llamado Acuerdo de Santiago y Guzmán Fernández fue escogido candidato presidencial.

Una serie de confrontaciones con el gobierno de Balaguer provocaron que el Acuerdo de Santiago desistiera de participar en las elecciones de ese año y Balaguer se presentó frente a un partido minoritario al cual derrotó.

La figura de Guzmán siguió creciendo y en 1978 fue seleccionado por el PRD para encabezar otra coalición de partidos para enfrentar a Balaguer, quien llevaba doce años en el poder. Guzmán había participado en la convención perredeísta frente a Jacobo Majluta Azar, otro líder que descollaba con gran fuerza.

Las votaciones resultaban muy divididas y la convención se prolongó por días, hasta que finalmente se llegó, con la mediación de Peña Gómez, a la fórmula que daría paso a Guzmán como candidato presidencial y a Majluta como vicepresidencial. La fórmula derrotó a Balaguer.

Su gobierno
Su administración se inició en medio de dificultades económicas por las alzas en los precios del petróleo y la fuga de capitales. El peso comenzó a debilitarse y rápidamente se produjo una devaluación.

Puso especial énfasis en el incremento de los ingresos de los sectores más pobres, principalmente los empleados del Estado.

Guzmán logró sortear las dificultades, no sin antes enfrentar desórdenes en las calles por los aumentos de precios, principalmente de los combustibles.

Puso en libertad a presos políticos que estaban en las cárceles desde la administración de Balaguer tras declarar una ley de amnistía política y retiró a la mayor parte de los jefes militares que habían tenido posiciones relevantes en la administración anterior.

Datos personales
Guzmán nació en La Vega el 12 de febrero de 1911. Se casó en 1939 con Renée Klang, de la sociedad de Santiago.

Procreó tres hijos. Iván Guzmán Klang, quien se destacó como agrónomo, murió en un accidente de tránsito.

FUENTE: Listín Diario

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Reportaje Huesped

Quejas por la entrega aquí de remesas en pesos

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DEL LISTÍN DIARIO.-Algunas personas que re­ciben ingresos del exterior se quejan de que empresas remesadoras quieren obli­garlos a recibir pesos do­minicanos en el país, en vez de los dólares que de­positan los familiares que les envían el dinero.

Esas reclamaciones han llegado hasta la redacción de Listín Diario de varias personas que aseguran tienen constancia de que esto está ocurriendo en el mercado a pesar de que los familiares que deposi­tan las remesas piden que la entrega a destino sea en dólares y no pesos.

Una señora contó que ha vivido la experiencia en dos ocasiones en una re­conocida empresa de re­mesas en República Do­minicana. Ella relata que durante el periodo de emergencia por la pan­demia del coronavirus ha recibido dos envíos des­de Estados Unidos.

La pri­mera vez, después de una larga fila, cuando llegó su turno, la joven que le aten­dió le informó que solo podría entregarle en pesos dominicanos. “Lo siento, no tenemos dólares, ten­drá que volver luego o ir a otra sucursal”, le dijo.

En la segunda ocasión, que fue el miércoles de la semana pasada, justo cuando entró en vigencia la primera fase de la reac­tivación económica, en la misma sucursal a donde acudió la primera vez, la señora pidió el dinero en dólares, pero la respuesta fue que las papeletas que tenía de esta divisa eran viejas, dinero que al final aceptó al notar que los dó­lares estaban en buen es­tado.

Envíos a domicilio
En este tipo se servicio, las remesadoras tampoco es­tán entregando el dine­ro en dólares, pese a que el usuario insiste en que no desea el cambio de di­visa.

Un señor que regu­larmente recibe remesas, contó que otra remesadora le informó que solo pueden entregar en pesos domini­canos en los envíos a casa y que para recibirlos en dóla­res debía ir a una sucursal.

El hombre le dijo que los quería en dólares y mandó a una persona a la sucursal a buscarlos.

No obstante, para su sor­presa estando en la sucursal de la remesadora le dijeron que no podían entregar dó­lares porque quien enviaba el dinero había puesto que se lo entregaran en pesos dominicanos y que para re­cibir el efectivo en la mone­da extranjera debía hacerse el envío otra vez a Estados Unidos y quien manda de­be especificar que el desem­bolso sería en dólares.

Las quejas de otros
En la red social Twitter tam­bién se observaron las que­jas de personas que etique­taban en sus publicaciones a las remesadoras insistién­doles en que “si mi dinero llega en dólares, ¿por qué me lo quieren dar en pe­sos?”.

A este tweet, otra persona respondió: “Tienen un lío con eso no le quieren entre­gar dólares a nadie con el cuento de que están raya­dos y que el banco no los va aceptar”.

“Quien envía el dinero es quien tienen la potestad”

El Banco Central dijo a Lis­tín Diario que en el merca­do internacional, las regu­laciones establecen que el remesador (quien envía el dinero) tiene la potestad y la libertad de elegir el tipo de moneda en la que se en­trega el envío.

De acuerdo con la entidad financiera, lo que prevalece es la volun­tad del remesador de en­tregar en dólares o en pesos dominicanos, considerando la tasa de cambio vigente al momento de la entrega de las divisas.

El Banco Central explica es­to con el siguiente ejemplo: Un dominicano que trabaja en Estados Unidos quiera en­viar a un pariente en Repú­blica Dominicana US$100; lo primero que debe hacer es ir a una agencia de envío de remesas y llenar un formula­rio en el cual debe especificar con claridad si quiere que ese dinero se entregue al domini­cano en dólares o en su equi­valente pesos dominicanos, considerando la tasa de cam­bio publicada por el organis­mo financiero.

En este caso, el banco o el agente de cambio, o el agente de remesas y cam­bios tiene la obligatoriedad de entregarlos en dólares, aun­que ahí mismo en la ventani­lla el receptor de la divisa los venda a la tasa de cambio vi­gente al momento de la re­cepción de las divisas.

Respuesta de un agente
Ante las quejas de la gente de que las agencias remesa­doras no quieren entregar los envíos en dólares, el ge­rente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Cari­be Express y del Grupo Ca­ribe, Heddel Cordero, in­formó que esto se debe a la escasez de dólares que se registra en el mercado, por lo que en algunos casos no se le ha podido entregar demanera inmediata las re­mesas en esa moneda a los clientes.

El vocero de la institución indicó que fruto de la caí­da de los ingresos divisas a consecuencia del cierre de la economía por la pande­mia del COVID-19, desde hace cerca de un mes se ha estado experimentado un problema en la disponibili­dad de dólares, pero aclaró que esa situación no es per­manente sino que “se da de manera puntual en algunas sucursales cuando se ago­tan el monto disponible en el momento”.

Refiere que cuando ha ocurrido esa situación, no se le niega la entrega del en­vío al cliente, sino que se le da la opción de recibirlo en pesos o regresar al otro día cuando ya tengan dólares en caja.

“Lo que se hace es que se retrasa la entrega cuando se agota la divisa que tiene disponible la sucursal”, en­fatiza Cordero.

Manifestó que al caer la actividad tu­rística y el dinamismo de las exportaciones, la economía dominicana ha dejado de percibir divisas y por eso se dan niveles de escasez en el mercado.

DENUNCIAS

¿Dónde reclamar?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad a donde se pueden hacer las reclamaciones relacio­nadas con el sistema finan­ciero de República Domi­nicana

En respuesta a este tipo de reclamaciones, la ins­titución supervisora del sistema financiero indi­có a este medio de comu­nicación que la SIB reci­be todas las denuncias o reclamaciones que tenga cualquier usuario y que le brinda una respuesta.

Los usuarios del sistema fi­nanciero pueden hacer sus reclamaciones a través de su Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), departamento de la SIB, en el correo electrónico consultasprousuario@sib.gob.do.

Su objetivo es proporcio­nar servicios de atención, consultas, denuncias y re­clamaciones que requieran los usuarios de las entida­des de intermediación fi­nanciera a través de su co­rreo o teléfonos.

FUENTE: JHENERY RAMÍREZ / PATRIA REYES RODRÍGUEZ/Listín Diario

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