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Piden 10 años de prisión para Rondón y Díaz Rúa por caso Odebrecht

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El Ministerio Público solicitó hoy penas que van desde 5 a 10 años para todos los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, así como la imposición de multas, el decomiso de bienes en favor del Estado dominicano, y el pago de las costas del proceso.

En la conclusión de la presentación de sus presupuestos en el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión contra el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado  cabeza del presunto entramado, e igual pena para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.

Mientras que contra Tommy Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Inapa, y Andrés Bautista García, expresidente del Senado, fue solicitada una condena de cinco años de prisión, respectivamente.

En el caso de Conrado Pittaluga Arsena, abogado notario vinculado a Díaz Rúaz,  el Ministerio Público demandó del tribunal una condena de 7 años de reclusión, por sus supuestos vínculos en los contratos hechos en el Ministerio de Obras Públicas para favorecer el proceso vinculado a la multinacional.

Además, contra todos los implicados se pidió el pago de  200 salarios de multa, el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes presentados previamente en audiencia, así como el pago de las costas del proceso.

Medida de coerción. En su petición ante el tribunal, el Ministerio Público aprovechó para solicitar, además, al variación de la medida de coerción de cada uno de los imputados por la imposición de la prisión preventiva, tras considerar que es la «única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento de la sentencia que ha de intervenir».

Justificó esta última medida al considerar que en el pronunciamiento y ejecución de la sentencia «hay un plazo en todo el proceso, el cual en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados, para evitar el cumplimiento de la sentencia».

Tras la conclusión del Ministerio Público, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, decidió aplazar el juicio por razones de horario, para el próximo 29 de este mes, momentos en que le tocará a la defensa técnica de Rondón Rijo exponer su presentación de clausura.

FUENTE: Periódico Hoy

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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