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Piden 10 años de prisión para Rondón y Díaz Rúa por caso Odebrecht

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El Ministerio Público solicitó hoy penas que van desde 5 a 10 años para todos los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, así como la imposición de multas, el decomiso de bienes en favor del Estado dominicano, y el pago de las costas del proceso.

En la conclusión de la presentación de sus presupuestos en el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión contra el empresario Ángel Rondón Rijo, considerado  cabeza del presunto entramado, e igual pena para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.

Mientras que contra Tommy Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Inapa, y Andrés Bautista García, expresidente del Senado, fue solicitada una condena de cinco años de prisión, respectivamente.

En el caso de Conrado Pittaluga Arsena, abogado notario vinculado a Díaz Rúaz,  el Ministerio Público demandó del tribunal una condena de 7 años de reclusión, por sus supuestos vínculos en los contratos hechos en el Ministerio de Obras Públicas para favorecer el proceso vinculado a la multinacional.

Además, contra todos los implicados se pidió el pago de  200 salarios de multa, el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes presentados previamente en audiencia, así como el pago de las costas del proceso.

Medida de coerción. En su petición ante el tribunal, el Ministerio Público aprovechó para solicitar, además, al variación de la medida de coerción de cada uno de los imputados por la imposición de la prisión preventiva, tras considerar que es la «única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento de la sentencia que ha de intervenir».

Justificó esta última medida al considerar que en el pronunciamiento y ejecución de la sentencia «hay un plazo en todo el proceso, el cual en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados, para evitar el cumplimiento de la sentencia».

Tras la conclusión del Ministerio Público, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, decidió aplazar el juicio por razones de horario, para el próximo 29 de este mes, momentos en que le tocará a la defensa técnica de Rondón Rijo exponer su presentación de clausura.

FUENTE: Periódico Hoy

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DIGESETT investiga a agente por presunta negativa de encender cámara corporal

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este jueves que investiga a uno de sus agentes, luego de que presuntamente se negara a encender la cámara corporal durante una intervención.

El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el momento de tensión ante la solicitud de documentos del agente a un conductor y la persistencia del ciudadano en que el agente encendiera el dispositivo, petición a la que el agente no accedió.

La institución informó que el agente fue citado y se encuentra bajo investigación de los organismos de control correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.

Las cámaras corporales son utilizadas como herramientas para documentar las actuaciones de los agentes y facilitar la revisión de situaciones que puedan generar controversias durante las intervenciones.

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Imponen dos meses de prisión preventiva a «Nino Dólar»

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La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva en contra de Carlos José Troche Rodríguez, conocido como «Nino Dólar», acusado de provocar la muerte de dos personas y ocasionar lesiones a una tercera en un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Cotuí, tras acoger la solicitud presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).

A Troche Rodríguez se le acusa de violar el artículo 112, párrafo I, de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y tipifica el homicidio agravado, referente a los atentados culposos contra la vida.

El imputado enfrenta cargos por la muerte de Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y de su hija, Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, así como por las lesiones sufridas por Arianna Michelle Ciprián.

La solicitud de medida de coerción había sido presentada inicialmente ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional; sin embargo, el juez Rigoberto Sena declinó el proceso a favor del tribunal de tránsito, por tratarse de un hecho vinculado a un accidente vial.

De acuerdo con la acusación, el imputado violó la luz roja de un semáforo mientras conducía una yipeta, impactando contra una motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.

La investigación establece, además, que, tras producirse la colisión, el conductor no se detuvo y continuó la marcha del vehículo, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima al emprender la huida del lugar.

El caso permanece bajo investigación por parte del director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, y los fiscales Vladimir Viloria, encargado del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios); y Yesenis Hernández Cabreja.

FUENTE: Listín Diario

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