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Operación Anti Pulpo: realizan allanamientos en DN, Monseñor Nouel y Santo Domingo
Dando continuidad a la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público ejecutó el miércoles más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, vinculados al entramado de corrupción y lavado de activos encabezado por Alexis Medina Sánchez.
Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Alexis Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción. Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
En torno al proceso judicial, el Ministerio Público solicitó en agosto pasado una prórroga de cuatro meses al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra los imputados, debido a diversas razones, que incluyen la apertura de nuevas líneas de investigación y la espera de un informe de la Cámara de Cuentas.
Junto a Alexis Medina Sánchez, la justicia impuso prisión preventiva desde diciembre pasado a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oisoe, respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, acusados de testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
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Intrant retira muro en el Malecón ante rechazo de conductores
Luego de múltiples publicaciones en redes sociales cuestionando la instalación de un muro para reducir la velocidad en el Malecón de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició esta noche el retiro de dicha barrera.
Los usuarios de esta vía expresaron su descontento, alegando que la estructura representaba un riesgo y generaba dificultades en el tránsito.
Las quejas se viralizaron rápidamente, presionando a la institución a actuar.
Se reemplazará por una versión más baja
Informaciones extraoficiales indican que el Intrant instalará un muro más pequeño y menos obstructivo.
Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión.
N Digital
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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora
La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará
La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.
Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.
En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.
La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.
“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.
No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.
Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.
“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.
El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.
“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.
Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.
La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.
“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.
Vía Diario Libre
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