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Falcón: Apresan al presunto jefe operativo de red narcotráfico

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Las autoridades detuvieron anoche a Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotráfico y lava­do de activos desmante­lada durante la denominada Operación Falcón.

Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según el Ministerio Público.

Mosquea fue apresado en Puerto Plata en medio de un amplio operativo realizado por el Ministerio Público con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En el operativo también fue apresado el joven Waldo Wilfre Musa.

Waldo Wilfre Musa y Juan Carlos Mosquea.

Permanecen prófugos: Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesto cabecilla, y sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo. También Kelvin Alexander Torres Bueno, Osiris Medina Díaz, así como de los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco.

Más de 10 mil millones
La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Esta red para el 2012 ya traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana, según el Ministerio Público.

Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los miembros de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, y movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal”.

Así consta en expediente depositado por el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la solicitud de medida de coerción contra los imputados que apresaron durante el operativo.

Las informaciones preliminares del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba incluso antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones.

“Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, dice la solicitud de coerción.

La red portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.

Para su desmantelación, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

FUENTE: Eldia.com.do

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

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Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.

La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.

Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.

Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.

El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.

Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.

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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

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Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.

La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.

El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.

La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.

Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.

“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.

Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.

En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.

Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.

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