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Faride Raful dice tema “de la difamación” debe ser tomado “más en serio”

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La senadora del Distrito Nacional Faride Raful expresó ayer su preocupación por los casos de difamación que se registran en el país, “para tratar de manchar” a personas.

La legisladora del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró que el tema “de la difamación” debería ser tomado “más en serio” en el país.

“La gente no puede despacharse con informaciones distorsionadas y falsas para tratar de manchar a otros”, planteó en su cuenta de Twitter @Farideraful, lo que motivó a que recibiera múltiples comentarios, algunos de acuerdo con ella y muchos atacándola.

Raful indicó en el post que está consciente de que los procesos de investigación implican “un esfuerzo”, pero entiende que ese es el camino a agotar para opinar sobre algo en particular sin caer en la difamación.

“Yo sé que investigar implica un esfuerzo, pero si quieren opinar y tener razón, deben hacerlo”, acotó.

Reseña Diario Libre que Raful no se refirió a ningún caso en particular, pero en los últimos días varios legisladores y miembros del PRM se han visto involucrados en casos de presuntas corrupción.

Este viernes trascendió que un negocio del dirigente de la seccional del PRM en Nueva York, Daniel Jáquez, era usado por una banda de dominicanos para guardar carros robados.

El político ha solicitado a las autoridades estadounidenses que su negocio sea desvinculado de la red que realiza estas actividades ilícitas y proclamó que no tiene nada que ver con el asunto.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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