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Senador propone establecer circulación vehicular por número de placas
El senador de la provincia San José de Oca, José Antonio Castillo Casado, propone solicitar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) establecer días distintos para la circulación vehicular, de acuerdo al número terminal de las placas para reducir el congestionamiento de esas unidades en las calles.
El legislador hace la propuesta a través de una resolución que sometió ante el Senado el pasado día 27 de este mes de septiembre, la cual no ha sido conocida por ese hemiciclo y tampoco se ha enviado a comisión.
Castillo Casado entiende que de establecerse que los vehículos, por su número terminal de placas circulen en días diferentes, se reduciría el gran cúmulo de estos en las calles y reduciría la inversión en tiempo, recursos y, sobre todo, disminuiría el estrés de las personas.
En los considerandos de la resolución que propone a sus compañeros de hemiciclo conocer y aprobar, explica que en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y otras demarcaciones la congestión vehicular ya no es por las horas pico, sino que estos se producen a cualquier hora del día con sus consecuencias en la pérdida de tiempo, recursos económicos y en el deterioro de la salud.
Sin embargo, la iniciativa de Castillo Casado no plantea una solución al transporte de los usuarios con la salida de la mitad de los vehículos, públicos y privados, de las calles.
Vía Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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