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PRM reta al PLD a someterse a una investigación patrimonial

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó los ataques irresponsables y falsos señalamientos sobre la declaración jurada de patrimonio del Presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Mediante un comunicado de prensa, el PRM establece que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) disfrazó la corrupción secuestrando organismo de control y no conoce la transparencia. Además ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.

El PRM presentó las diez razones, que según esa organización política y el presidente Abinader siguen enarbolando la bandera de la transparencia, el apego a la leyes y a la constitución dominicana.

1. El presidente Luis Abinader cumplió con el mandato de la Ley 314-11 sobre Declaración Jurada de Patrimonio al depositar en la Cámara de Cuentas todos los documentos relativos al patrimonio personal y al compartido con su familia, señal inequívoca de transparencia.

2. Para lograr la desvinculación total de la gestión de los bienes familiares, al momento de ser electo para su actual función, el Presidente Abinader, junto con su familia, optó por constituir un fideicomiso de administración conforme a la Ley No. 189-11 para del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana y su normativa complementaria.

3. Desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia y ya no forma parte de ninguno de los órganos de gestión de las entidades referidas, ya sean compañías dominicanas o constituidas en el extranjero.

4. Con respecto al señalamiento de las sociedades Padreso S.A y Littlecot Inc están incluidas en la Declaración Jurada del presidente Abinader a través de Estella y los documentos anexos depositados en la Cámara de Cuentas. Estas compañías, que sólo poseen inmuebles en la República Dominicana, tienen RNC y pagan el IPI desde su fundación.

5. El Washington Post y el periódico El País hacen referencia de la transparencia del presidente Abinader cuando indican que incluyó su patrimonio y todas sus empresas en su Declaración Jurada.

6. El PLD ni ninguno de sus dirigentes dieron importancia a la transparencia. En los años que fueron gobierno se ocuparon de secuestrar a todos los organismos de control para no tener que rendir cuentas ante los ciudadanos.

8. Ante esta declaración visiblemente politiquera y promoviendo el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno rechaza las declaraciones de un partido que ha realizado un ejercicio irresponsable de la política por décadas y cuya credibilidad ante la Nación ha estado mermada precisamente por la falta de transparencia, la pobre rendición de cuentas y los evidentes casos de corrupción que salpican a su alta dirigencia.

9. El presidente Luis Abinader, ha sido un aliado de la transparencia y la ha predicado con su ejemplo en todo momento.

10. Realizando el ejercicio de una política diferente como nos ha caracterizado, el Partido Revolucionario Moderno propone que todos los dirigentes de los partidos políticos del país sean sometidos a una investigación patrimonial internacional realizada por una Comisión especializada de la Organización de Naciones Unidas y Transparencia Internacional y en consecuencia retamos al Partido de la Liberación Dominicana a aceptarlo.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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