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Pese a que medida no incluye hospitales, pacientes no pudieron entrar a Cecanot por falta de tarjeta vacuna
«Yo vengo de más para allá de Santiago de los Caballeros y no puedo pagar RD$3,000 más por otro estudio. Yo no puedo, yo no trabajo”, era el clamor de una señora en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante, Cecanot, porque no la dejaban entrar sin la tarjeta de vacunación.
Con lágrimas, la dama confesó que no se había inoculado con las dosis correspondientes.
Esto ocurrió pese que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordara el pasado jueves que las clínicas privadas, hospitales públicos y las Iglesias no están obligadas a solicitar la tarjeta de inoculación.
“Muy claro la resolución dice que va a ver un protocolo cómo está para educación, para deportes, para turismo”, expresó el ministro la semana pasada.
Desde hoy presentar la certificación de la vacuna contra el Covid-19 es el requisito para tener acceso al transporte público y la mayoría de los espacios públicos y privados cerrados, como escuelas, bancos, hospitales, supermercados y otros.
Indica Listín Diario que de los que iban a consultar, a recoger estudios o a visitar a sus pacientes, a muchos se les impidió el acceso como fue el caso de la señora Alexandra Casio, quien catalogó de “abuso por las autoridades” lo que se estaba cometiendo en el centro.
“Van a operar a mi padre y le digo que la tarjeta se me quedó, que me dejen pasar y si es posible solo a dejarlo y él me dice que no voy a pasar”, manifestó Casio, quien se trasladó desde San Pedro de Macorís.
“Debieron difundir la información o permitir que uno entre hoy y ya uno sabe”, agregó Casio.
Evelina De la Cruz es otra dama que fue parada en la puerta y por no tener su tarjeta de vacunación no pudo entrar al centro hospitalario.
“Yo vengo de Villa Mella y en la Ovando fue que me di cuenta que me faltaba la tarjeta, entonces no puedo estar gastando pasaje, yo trabajo y este es mi tiempo”, dijo Evelina De la Cruz.
Habían circulares pegadas en las pareces del referido lugar en el que se leía la nueva disposición del gobierno central.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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