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Salud Pública dice que aplicación digital tarjeta vacuna no tiene su aval
El Ministerio de Salud Pública informó que el lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica, no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado dominicano.
Advierte que no ha lanzado aplicación web o constancia de vacunación de ningún otro tipo que no sea la tarjeta de vacuna entregada en los puestos y centros diseminados para estos fines en toda la geografía nacional.
Llama a la población a no facilitar ningún tipo de datos personales a personas no conocida o terceros que estén solicitando este tipo de información.
Salud Pública, Asistencia Social y Vacúnate RD dicen que no se hacen responsables de los daños en que pueda incurrir cualquier ciudadano que responda a este tipo de solicitud.
Sobre la aplicación
Ayer se informó que República Dominicana cuenta con una nueva aplicación web gratuita con la cual se podrá guardar de manera digital la tarjeta de vacuna COVID-19.
Se trata de One Healthy Pass (OHP), una aplicación que cuenta con dos perfiles: uno para personas o vacunados y otro para empresas e instituciones.
Es una iniciativa privada que no cuenta con el aval del Programa Ampliado de Inmunización ni de Vacúnate RD.

Al darse a conocer, se explica que solo se deberá presentar su código QR en establecimientos comerciales oficinas públicas, medios de transporte, bancos, plazas, supermercados y hoteles que cuenten con esta herramienta para tener un fácil acceso.
“Como vacunado contarás con un perfil resumido en un código QR a través del cual podrá ser validado y las empresas o instituciones públicas tendrán la facilidad de poder verificar el mismo y darte un fácil acceso a los comercios, bancos, plazas, oficinas, transporte público y hoteles”, explicó Noemí González, gerente del proyecto OHP.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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