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Según Indotel, VIVA conocía el proceso que realizaba
El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a través de su presidente, Nelson Arroyo, expresó la tarde de este lunes que le sorprende el reclamo de la empresa de telecomunicaciones Trilogy Dominicana S.A (VIVA). Dijo también que estudia el peso de cada operador en estos mercados.
La compañía acudió a Indotel a reclamar de manera formal que declare a Claro como “empresa de posición dominante”, bajo el alegato de que esta prestadora de telecomunicaciones tiene una alegada tendencia al monopolio.
Arroyo aseguró, en una nota de prensa, que VIVA tenía conocimiento del proceso que estaba realizando desde hace más de un año.
Explicó que el órgano regulador estableció cuales son los mercados relevantes que estarán sujetos a regulación “ex ante” (de entrada en vigor) en la República Dominicana a través de la resolución número 098-21, publicada el pasado martes 20 de octubre de 2021.
Recordó que para la fecha del 14 de octubre del 2020, el Indotel puso en consulta la primera parte del estudio para definir los mercados relevantes sujetos a regulación “ex ante” elaborado por la firma COWI con el financiamiento de la Unión Europea (UE), a través de la resolución 76-2020.
“Durante dicho proceso de consulta, el Indotel, en fecha del 10 de diciembre del 2020, recibió los comentarios de los distintos interesados, incluyendo el de la prestadora Trilogy Dominicana S.A (VIVA), empresa que expuso sus observaciones y recomendaciones en el curso del proceso”, indicó.
Arroyo explicó que luego de ponderar todos los escritos y de celebrar una audiencia pública para escuchar las opiniones sobre el tema, en fecha del 20 de septiembre de 2021, el Consejo Directivo del Indotel emitió la resolución 98-2021, procediendo con la determinación de los mercados relevantes sujetos a regulación “ex-ante”, es decir, regulación preventiva, tal y como fueron propuestos por el estudio realizado, con lo que no acogieron los comentarios recibidos por las prestadoras.
En tal sentido, agregó que el Indotel se encuentra trabajando en la determinación de operadores con posición de dominio e identificación de medidas para prevenir posibles prácticas abusivas y cómo actuar para promover mayor competencia dentro del sector de las telecomunicaciones basándose en los resultados del estudio presentado por COWI y un estudio reciente presentado por el Banco Mundial sobre la situación de competencia del sector de telecomunicaciones en República Dominicana.
Explicó que en cuanto a la aplicación de la norma de activaciones de servicios móviles, de reciente entrada en vigencia, el órgano regulador ha realizado, y se encuentra realizando estudios que demuestran que todas las prestadoras han incurrido en cierto nivel de incumplimiento a dicha norma, las cuales, en esta primera fase de fiscalización a la implementación, han sido debidamente identificadas por el Indotel y notificadas a cada una de las concesionarias para que adopten las medidas correctivas correspondientes.
Ante la decisión de llevar a los tribunales la sanción por uso ilegal del espectro impuesta por el Consejo Directivo, el Indotel dijo reconocer el derecho de esa concesionaria de recurrir la resolución, no obstante, reiteró que es una actuación que se encuentra apegada a lo que establece la Ley General de Telecomunicaciones, número 153-98 y el ordenamiento jurídico vinculante, y, por tanto, busca garantizar el estricto cumplimiento de la ley por parte de todos los participantes del sector.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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