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Viva solicita a Indotel declarar a Claro como ‘empresa de posición dominante’
La empresa de servicios de telecomunicaciones Viva solicitó formalmente al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) declarar a la también compañía de telecomunicaciones Claro como «empresa de posición dominante», debido a la marcada tendencia al monopolio que presenta en los mercados relevantes del país.
El director ejecutivo de Viva, Marcos Herrera, fue el encargado de depositar la instancia en la sede de Indotel, al tiempo que denunció también a Claro por la supuesta «comisión de faltas graves» que constituyen actos restrictivos de la competencia según la Ley General de Telecomunicaciones No.153-98.
«Indotel debe siempre deliberar por la libre competencia y evitar el establecimiento de prácticas monopólicas…en el año 2019 el Indotel ordenó un estudio que constató de manera directa que Claro es una empresa con una clara posición dominante en el mercado de las Telecomunicaciones con tendencias a convertirse en un monopolio», declaró Herrera a los medios de comunicación.
El presidente de Viva señaló que la tendencia monopólica de Claro también ha afectado otros países de la región, a la vez que indicó que desde hace años ya Colombia y México han realizado las respectivas declaraciones de posición dominante en contra de ellos por los abusos registrados en esos mercados.
Herrera explicó que la importancia de la declaratoria de la posición dominante de Claro en el mercado dominicano permitiría al Indotel tomar las medidas necesarias para ralentizar y revertir «su tendencia monopólica, así como para evitar posibles abusos y prácticas anticompetitivas de estos en el mercado».
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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