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Contrataciones Públicas inicia investigación sobre contrato Inposdom con empresa extranjera
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Anti- Fraude de la Contraloría General de la República, inició este lunes una investigación de oficio para conocer y profundizar la modalidad de contratación utilizada por el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) con la empresa Mía Cargo.
La institución informó que la acción surge a raíz de la publicación de un reportaje el pasado sábado en el programa de investigación de la periodista Nuria Piera, con el objetivo de aclarar los hechos y determinar si existen violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establecer sus consecuencias respecto al contrato y recomendar sanciones en caso de que correspondan.
Mediante un comunicado de prensa, la DGCP recordó que el artículo 71 de la referida Ley, le otorga la potestad de iniciar un procedimiento de investigación de oficio ante presuntas contravenciones a la normativa o sus reglamentos, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
En tanto, el artículo 14, inciso 7 de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, faculta a la Unidad Anti-Fraude a realizar investigaciones administrativas sobre el manejo de fondos públicos.
El Director General de la DGCP, Carlos Pimentel, aseguró que una vez se tengan las conclusiones de dicha investigación se dictará una resolución indicando los resultados de la misma y dadas a conocer a la opinión pública.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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