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Adan Peguero pide licencia mientras se investiga lo de Inposdom y Mía Cargo

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El director general del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, pidió este lunes al presidente de la República, Luis Abinader, licencia de su cargo por las denuncias que pesan en su contra por presuntas irregularidades entre esa entidad con la empresa internacional Mía Cargo.

Según la vocera de la institución, Ana Florenzán, Peguero se comunicó vía telefónica con el presidente Abinader este mismo día, y le solicitó licencia de su cargo hasta que concluyan las investigaciones.

Hasta el momento no se sabe quién sustituirá a Peguero durante los tres meses de licencia que tomó.

En las últimas dos semanas, el programa Nuria Investigación Periodística ha presentado reportajes que muestran las irregularidades de un contrato entre el Inposdom y Mía Cargo, razón por la que tanto la Procuraduría General de la República como la Dirección General de Compras y Contrataciones iniciaron una investigación de oficio para conocer y profundizar la modalidad de contratación utilizada por ambas entidades.

La licencia del director general del Inposdom se da en momentos en que mañana deberá presentarse ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tras una citación del Ministerio Público por una querella en su contra interpuesta por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Peguero será interrogado con relación a la denuncia penal presentada por el defensor del Pueblo tras la supuesta negativa de este de informar sobre la situación de varios exempleados del Inposdom, que no han recibido sus prestaciones laborales.

Ulloa explicó en septiembre, tras presentar la querella, que la acción no se produce por las desvinculaciones, sino porque Peguero se ha negado “deliberadamente a dar respuesta a las diversas solicitudes del Defensor del Pueblo en las que se le requiere informar sobre la situación de los ciudadanos que han sido desvinculados del Inposdom y han presentado reclamaciones ante este órgano constitucional”.

FUENTE: Nuria Piera

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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