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Choferes de plataformas tecnológicas califican de “abusivas” nuevas medidas del Intrant
Ante las nuevas medidas presentadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), chóferes de plataformas tecnológicas como Uber, In Driver y Didi mostraron malestar y calificaron la situación como “abusiva”.
De acuerdo al Intrant, estos choferes deberán prestar servicio a no menos de un kilómetro de distancia del área donde los taxis turísticos tradicionales laboran. También, que no podrán dar sus servicios a menos de un kilómetro de la puerta principal de los hoteles de las regiones este y norte y de 200 metros en el Gran Santo Domingo.
Rodolfo Vásquez, quien es chófer de la empresa Uber desde mediados de 2018, manifestó a Diario Libre que esta nueva decisión de las autoridades es un abuso, no solo para los que presentan este servicio, sino, también, para los turistas. Considera que la medida le quita la opción de transportarse en el medio que ellos desean.
Mientras que, Alejandro Pérez, también calificó la situación como abusiva e intolerante y dijo que el titular del Intrant debe buscar otras formas para solucionar la problemática.
“Se puede gestionar a través de la plataforma un precio un poco más alto o algún tipo de impuesto que equilibre la competencia; porque, incluso, si yo tengo un carro que se parece a los que usan la plataforma y voy a buscar algún amigo a un hotel, ellos pueden asumir que yo estoy usando una plataforma y eso va a crear un problema para una persona que no tiene nada que ver”, explicó el conductor de Didi.
Adonis Reynoso, quien labora para In Driver, considera es un abuso poner a los usuarios en una situación incómoda y pide que director del Intrant sea cancelado “para que coloquen a una persona que tenga conocimiento del trabajo”.
“Es un abuso que pongan al usuario a coger lucha por tomar su decisión, el turista o el mismo dominicano que pida un servicio del Hotel Lina tiene que caminar hasta la plaza de la cultura para poder coger un viaje. Entonces no estoy de acuerdo con eso, el director del Intrant debería ser cancelado”, manifestó.
Luciano Cabrera sostuvo que es innecesaria esta nueva medida y pide a las autoridades reunirse con representantes de la empresa Uber, para hacer un acuerdo y a “aquellos extranjeros cobrarle según su moneda y respetar el derecho de las personas para que puedan tomar cualquier taxista que quieran”.
La normativa del Intrant también contempla que esas empresas deberán registrar de forma obligatoria la dirección de una oficina que la represente en República Dominicana, el nombre de su representante legal, el cual tendrá que estar soportado en un poder que tendrá que ser depositado en la institución.
Además de sus documentos constitutivos, el Registro Nacional de Contribuyente y listados de sus conductores registrados y autorizados a través de un carnet emitido por esa institución e informarle la salida de cualquiera de estos, sobre todo en los casos en que sea por mal comportamiento.
Agrega que las compañías de taxis por plataformas tendrán la obligación de tener una póliza de responsabilidad civil que cubra riesgos por muerte o lesiones e incapacidad temporal o permanente.
También, que los vehículos en que prestan servicio las empresas de taxis por plataforma no pueden exceder los 15 años de fabricación.
De igual forma, deben tener su pintura, frenos, neumáticos y juego de luces y otras características en buen estado.
La disposición establece que las empresas tendrán un plazo de tres meses para cumplir con los requisitos señalados.
FUENTE: Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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