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Gerente de Edenorte dice que en RD no hay apagones

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El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Andrés Cueto, negó hoy que en el país existan apagones.

Ante la pregunta de reporteros de Telenord de cuándo llegará el fin de los apones en República Dominicana, respondió que los mismos encontraron su fin el 16 de agosto del año pasado, es decir, cuando el actual mandatario, Luis Abinader asumió la presidencia.

Cueto enfatizó de manera reiterada que, “en la República Dominicana no hay apagones, en la República Dominicana no hay apagones” y comparó el comportamiento de la energía eléctrica del país, con el de China, España, Inglaterra, Líbano y Puerto Rico, donde afirma que en estos países sí ha apagones.

Justificó que en el país puede haber interrupciones por mantenimiento, por avería, por interconexión,  pero que los apagones eran del 16 de agosto hacia abajo.

 

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Hace un mes, el presidente Abinader admitió que hay apagones
Sin embargo, el mismo presidente Luis Abainder, a principios del mes de octubre durante una visita a San Francisco de Macorís, en la inauguración de una planta procesadora de cacao, admitió que los apagones que se habían registrado en esas últimas semanas, eran una vergüenza para el país.

El mandatario dijo: “Estamos también trabajando para el corto, mediano y el largo plazo eliminar el déficit. Los apagones son una vergüenza que hemos tenido durante muchos años y nosotros estamos trabajando para eliminarlos pero en este caso, en Conacado, afectan una energía estable que lo que necesitan es una subestación”.

FUENTE: N Digital

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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