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Sammy Sosa fue interrogado en la Procuraduría por casi cuatro horas

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Miembros de la Procuraduría General de la República interrogaron al expelotero Sammy Sosa, tras ser mencionado en el expediente del entramado de corrupción caso Pulpo que dirigía Alexis Medina hermano del expresidente Danilo Medina.

El exjugador salió en compañía su abogada Emery Rodriguez, quien informó que espera que el Ministerio Público concluya con las investigaciones del caso, y posteriormente presente acusación formal, para luego dar más detalles de lo tratado durante el interrogatorio.

Samy Sosa fue interrogado por casi cuatro horas por la directora de Persecución del Ministerio Público Yeni Berenice y el titular del Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Sammy Sosa y un hermano habían sido citados en diciembre del 2020 por el mismo caso.

En la solicitud realizada en esa fecha, la medida de coerción en contra de varios exfuncionarios acusados de corrupción se señala que mediante una asamblea general ordinaria de General Supply Corporation S.R.L, empresa perteneciente al entramado societario de Alexis Medina, de fecha 31 de octubre de 2017 se autorizó a Samuel Peralta Sosa para que, actuando en nombre de la sociedad, pudiera gestionar un préstamo o línea de crédito hasta un monto no mayor a diez millones de dólares por parte ante el Banco del Progreso de la República Dominicana, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma según considera.

De acuerdo al documento, en esa misma asamblea se le otorgó poder a José Antonio Peralta Sosa, hermano del expelotero, para que en nombre de la sociedad pudiera aperturar una cuenta bancaria en el Brickell de los EE.UU. así como tomar facilidades de crédito, ya sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa hasta el monto de cuatro millones de dólares para fines de operaciones y compras de producto, quedando autorizado a se la única persona que con calidad para firmar y disponer de dicha cuenta.

FUENTE: El Día

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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