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Incautan preservativos, clavos, tijeras y celulares a estudiantes en liceo de Bonao
Al menos 64 celulares, 16 tijeras, clavos de acero, preservativos y otros objetos punzantes fueron incautados a estudiantes del liceo Elías Rodríguez del municipio Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, en medio de un operativo sorpresa dirigido por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de esa jurisdicción.
La requisa fue dirigida por la magistrada Glenny García, con el apoyo de la Policía Escolar, la Dirección Distrital y la dirección del centro educativo, en cuyas afueras, el pasado lunes, varios estudiantes protagonizaron una violenta riña que se viralizó en las redes sociales.
Otros objetos incautados fueron una encendedora, cortauñas y un espejo de una motocicleta, reseña Diario Libre.
García dijo a medios locales que estos operativos se realizarán en otros centros al azar, a fin de evitar que ocurran incidentes de violencia que puedan degenerar en lesiones graves.
El pasado 29 de octubre una estudiante de 15 años hirió de 27 estocadas a una compañera de 16 en el interior de un centro educativo en la comunidad Los Arroces, de Bonao.
La agresora, que está privada de libertad, llevó en su mochila el arma blanca con la que atacó a su compañera de clases.
Este martes, luego de que se produjo la pelea colectiva entre varios grupos de estudiantes, los padres y madres de los alumnos involucrados fueron citados por el centro.
Los alumnos recibieron una charla.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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