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Arrestan a tres generales y tres coroneles activos en Operación Coral 5G
El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la Operación Coral 5G, desplegada anoche, en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Según informó el Ministerio Público, la Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
En una nota de prensa, la Procuraduría informó que, contra éstos “tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.
Dijo que al igual que las otras operaciones, Coral 5G “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.
Caso se desprende de la Operación Coral
Este caso se desprende del expediente ya judicializado conocido como Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G.
El Ministerio Público recordó que en la Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Imputaciones
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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Se entrega uno de los profesores acusados de violar estudiante en SPM
Se entregó este jueves uno de los profesores acusados de supuesta violación a una menor de 13 años en una escuela de Quisqueya, en San Pedro de Macorís.
Conforme a una fuente consultada por reporteros de Listín Diario, se trata de Fernando Altagracia Peña Eusebia, quien se presentó a una comandancia policial en compañía de sus abogados en horas de la mañana.
“Hay uno de los profesores que está detenido, que se presentó voluntariamente en el día de hoy”, indicó la persona, cuyo nombre se hace omisión para preservar su integridad.
De acuerdo a la fuente, los padres de la adolescente se presentaron el lunes 18 de este mes de noviembre e interpusieron la querella formal en contra de los dos profesores que incurrieron en la presunta violación sexual.
El hecho ocurrió en la Escuela Básica La Siria, misma que permanece cerrada desde que se el caso se ventiló a la luz pública el pasado lunes, aunque la docencia se continúa impartiendo en la virtualidad, conforme informó al Listín Diario el director de la Regional 05 de Educación, Isidro Santana.
FUENTE: Listín Diario
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Cierran escuela de SPM tras denuncia de violación sexual a una estudiante
Dos profesores están siendo acusados de supuestamente cometer abuso sexual contra una estudiante de 13 años en el centro educativo La Siria, ubicado en el municipio de Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.
Ante la situación, la dirección regional del Ministerio de Educación, en San Pedro de Macorís, tomó la decisión de cerrar el centro educativo para retirar a los docentes por una protesta que se hizo el pasado lunes con intención de agredirlos.
Isidro Santana Ramírez, director de la Regional de Educación, dijo a los medios que la misma adolescente denunció a los maestros y que los padres de la menor procedieron a realizar la denuncia.
«Solo podemos decir que tanto el Ministerio de Educación, como la regional, lo que hicimos fue tomar las decisiones pertinentes para que se realice una investigación», señaló.
Precisó que tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como la regional de Educación, entienden que todo el que está involucrado le debe caerle todo el peso de la ley.
«Se supone que la escuela es el lugar de seguridad, la segunda casa de los niños, por tanto, todo aquel que haya cometido una falta en ese sentido y que esté involucrado en esto, entonces, tendrá que pagar porque no se puede quedar impune», subrayó.
El director regional de Educación explicó que con esto no está afirmando el hecho, pero que la fiscalía está realizando las investigaciones de lugar.
Expresó que nunca habían tenido este tipo de denuncias, hasta ahora.
Por el momento, la identidad de los docentes no han sido reveladas, pero se supo que se trata presuntamente de un profesor de matemáticas y otro de inglés.
Vía Diario Libre
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