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Arrestan a tres generales y tres coroneles activos en Operación Coral 5G

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El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la Operación Coral 5G, desplegada anoche, en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

El general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur. Fuente externa.

Según informó el Ministerio Público, la Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

En una nota de prensa, la Procuraduría informó que, contra éstos “tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.

Dijo que al igual que las otras operaciones, Coral 5G “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.

Caso se desprende de la Operación Coral
Este caso se desprende del expediente ya judicializado conocido como Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G.

El Ministerio Público recordó que en la Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

Imputaciones
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

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Dictan tres meses de prisión preventiva a supuesta cirujana venezolana

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La presunta cirujana Karla María Moya Boada. (Foto del Listín Diario)

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra la pseudo cirujana venezolana Karla María Moya Boada, acusada por el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente en el país.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que la imputada cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo – Mujeres. En la audiencia, el Ministerio Público había planteado al tribunal que la medida más idónea era la prisión prevenida, debido a que la imputada representa peligro de fuga.

Reseña el Listín Diario que a la salida del tribunal la imputada, bajo estricta medida de seguridad, rehusó hablar con los medios de comunicación en momento en que era conducida por el apoderado de la instancia a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A principios del mes de junio, el Ministerio de Salud Pública apoderó al MP de la querella contra Moya Boada, a los fines de realizar una amplia investigación sobre el ejercicio ilegal de la falsa “doctora estética”.

Los inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública también procedieron al cierre del “Ki Centro Médico Integral del Caribe”, por violación a la Ley General de Salud 42-01.

Las autoridades actuaron tras un reportaje de investigación de la periodista Nuria Piera, en el que se muestra que Moya Boada no está avalada para ejercer cirugía estética.

La imputada fue arrestada por orden judicial en su contra, que fue ejecutada por agentes de la Dirección General de Migración, cuando ésta intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

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Gobierno flexibilizaría medidas en la frontera cuando asegure aguas del río Masacre

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El presidente Luis Abinader mantiene el cierre de la frontera y solo contempla flexibilizar las medidas tomadas contra Haití cuando culminen los trabajos de reactivación del canal La Vigía, obra hídrica que permitirá a la República Dominicana garantizar la irrigación de los cultivos de los agricultores de Dajabón que serían afectados con la construcción de un canal en el lado haitiano.

La información la sirvió el mandatario durante La Semanal con La Prensa, un encuentro con representantes de los medios de comunicación que realiza todos los lunes.

En la rueda de prensa, Abinader indicó que la reactivación de La Vigía le tomará al gobierno dos o tres semanas. Destacó que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri) comenzó la semana pasada con la limpieza del canal, que dejó de operar desde el año 2007 por conflictos con haitianos.

Esta obra, según la ponencia del mandatario, será la «salvadora» del caudal del río Masacre ante la «desafiante» intención de Haití de construir un canal de manera «inconsulta y violatoria» de los acuerdos con su país vecino.

Aunque la misma supone la desviación de las aguas del Masacre, el presidente recalcó que la construcción de la misma fue consensuada con el Gobierno haitiano en su momento en 1966.

La frontera lleva 10 días cerrada, impactando negativamente la economía de ambos países. Aunque flexibilice las medidas en unas semanas, Abinader advirtió que la frontera «nunca va a ser la misma».

«Después de tener en funcionamiento el canal de La Vigía, salvando el caudal del río, veremos la posibilidad de flexibilizar las medidas en ese sentido. La frontera no será la misma a partir de ahora y a partir de muchos hechos que vendrán en ese país», enfatizó.

Ariel Henry: no hay marcha atrás
Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry Ariel respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió el pasado viernes apoyando la captación de agua sobre el polémico río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y la declaración conjunta de 2021 durante a la 78va Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este lunes, Henry reiteró que la obra no retrocederá y planteó al Gobierno dominicano la vía diplomática para resolver las diferencias. República Dominicana también recalcó que está abierta al diálogo, pero solo si la obra es detenida, aspecto al que los haitianos no han querido ceder avanzando la obra en más de un 90 %.

Haití está unido en la construcción del polémico canal, las bandas haitianas, políticos de oposición, artistas, productores agropecuarios y finalmente el gobierno de Ariel Henry, quien fue nombrado interinamente en Haití para convocar a elecciones tras el asesinato de Jovenel Moise hace dos años.

FUENTE: Diario Libre

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