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Arrestan a tres generales y tres coroneles activos en Operación Coral 5G
El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la Operación Coral 5G, desplegada anoche, en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Según informó el Ministerio Público, la Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
En una nota de prensa, la Procuraduría informó que, contra éstos “tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.
Dijo que al igual que las otras operaciones, Coral 5G “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.
Caso se desprende de la Operación Coral
Este caso se desprende del expediente ya judicializado conocido como Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G.
El Ministerio Público recordó que en la Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Imputaciones
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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Abinader y Emir de Qatar tratan en Doha sobre inversiones en República Dominicana
Doha, Qatar.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión ayer con el Emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, con quien trató importantes temas de interés para ambas naciones.
El mandatario dominicano arribó al Palacio Real a las 10:30 de la mañana siendo recibido personalmente por el Emir.
Ambos encabezaron, primeramente, un encuentro bilateral de sus respectivos equipos ministeriales donde se intercambiaron intereses empresariales, comerciales y de inversiones.
Posteriormente, el Emir invitó al presidente Abinader a una reunión más privada entre ambos, donde se vieron detalles del interés de Qatar por invertir en República Dominicana en distintas áreas dado que el país posee la economía de mayor crecimiento en América Latina.
También se conversó sobre la posibilidad de establecer un vuelo directo de Qatar Airways a la República Dominicana.
En la reunión de trabajo con el Emir de Qatar y su equipo ministerial estuvieron presentes por la República Dominicana, los ministros de Hacienda, José Manuel -Jochy- Vicente; de Energía y Minas, Joel Santos, así como el viceministro de relaciones exteriores Hugo Rivera; la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro y el embajador dominicano aquí Georges Bahsa Hazim.
La visita oficial del presidente Abinader a Qatar concluyó ayer, y estará de regreso a Santo Domingo este martes.
Previo a esta reunión con el Emir, el mandatario dominicano y su comitiva, participó en el Foro Mundial de Doha, donde tuvo una participación en uno de los paneles.
Rol de la cooperación
En este último escenario el pasado domingo el presiente Abinader declaró que, desde la experiencia del país, la cooperación ha jugado un rol trascendental, permitiendo la transición de ser un Estado meramente receptor a convertirse en uno dual, que más allá de recibir también ofrece y gestiona cooperación.
Significó que para el país la cooperación es un eje esencial en la aplicación de la política exterior y el fortalecimiento de las relaciones con los demás países, abordando ámbitos como los de la promoción del comercio y la atracción de inversión.
“Dentro de las experiencias que podemos compartir, creemos que lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestra estabilidad política y social; la sinergia entre el sector público y privado; y la creación de políticas e iniciativas enfocadas a impulsar sectores estratégicos”, dijo el mandatario.
A esto agregó, “como, por ejemplo, el turismo que ha sido clave para el posicionamiento internacional de la República Dominicana, teniendo un efecto multiplicador en la economía local”.
Estas declaraciones las ofreció el mandatario dominicano durante el panel “Perspectivas de Cooperación en un Mundo Fragmentado”, que se desarrolla en el “Foro de Doha”, en Qatar.
Jornadas de trabajo
El presidente Abinader agotó desde el sábado varias jornadas de trabajo en Qatar, como parte de su visita para participar en el Foro Mundial de Doha.
El mandatario inició su agenda participando en el acto de apertura de este Foro, que estuvo presidido por el emir, su alteza el Jeque Tamin Bin Hamad Al Thani.
Además, sostuvo una amplia agenda, que incluyó la inauguración de un busto del patricio dominicano Juan Pablo Duarte, y varias reuniones con políticos y empresarios de esta nación.
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TC anula la polémica Ley de la DNI al declararla inconstitucional
El Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “por no ser conforme con la Constitución”.
De acuerdo con la Sentencia del TC/0767/24, se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que buscaba anular la ley 1-24.
Esta ley de la DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes.
Reseña el Listín Diario que en las semanas previas a la creación, se depositaron al menos siete acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.
El pasado 22 de enero, Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI), FUMEJID así como Mayobanex Pepín y María Magdalena Piña Dirocié presentaron “una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la Ley 1-24, que crea la DNI, por supuesta violación a la libertad y seguridad personal, a la intimidad y honor personal, a la libertad de expresión e información, y a la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales; derechos y principios consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución”.
Además, la Sociedad Dominicano de Diarios (SDD) se pronunció en varias ocasiones sobre algunos artículos de la ley, en específico los 9, 11 y 26.
Las sanciones que establece
El artículo 11 indicaba que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que requiriera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
Mientras el artículo 26 establecía sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Reacción del expresidente Fernández
Al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, reaccionó de inmediato el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien dijo en un mensaje publicado en su red social X: “El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley 1-24 sobre el DNI mediante la sentencia TC/0767/24, acogiendo un recurso presentado por la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores.
Esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo”.
El exmandatario también había expresado previamente por la misma red social X, el pasado 22 de enero, “que esa ley era un retroceso institucional democrático más grave que ha ocurrido en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad”.
Reuniones con la SDD
El pasado septiembre, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo que se presentarían los cambios a varios de esos artículos para corregir “ambigüedades” que habían sido identificadas. Estas declaraciones se produjeros después de varios encuentros entre los directivos de la SDD y la representación del Poder Ejecutivo.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, dijo, también, en aquella ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Por lo que el 19 de septiembre, Peralta, en nombre del Ejecutivo depositó ante el Senado el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, luego de que la mesa de trabajo conformada por la sociedad civil y el Gobierno llegaran a un consenso.
En principio, la finalidad de la creación de la DNI era proteger “los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado”, de acuerdo con el Senado.
La pieza fue aprobada en dos lecturas consecutivas, luego que el senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que fuera incluido en el orden del día, declarado de urgencia y aprobado, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
También la SIP se opuso a la Ley
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también fue otra de las instituciones que se pronunció en contra de la Ley de la DNI.
En un artículo publicado en este diario, el 22 de enero pasado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, editor periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que “el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución”.
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