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Encuentran muerto cabo involucrado en asesinato del comandante del Dicrim en Bonao
La Policía Nacional informó que, un cabo de esa institución, que participó en la muerte de un capitán y civil en Piedra Blanca de Bonao, fue encontrado muerto en estado de descomposición, en Loma Linda, a la altura del kilómetro 30 de la autopista Duarte.
El vocero policial, Diego Pesqueira, precisó que, de los asaltantes, dos se hacían pasar por policías y tenían montado un retén en Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Nouel, al momento de dar muerte al capitán Juan Abreu Rosario, encargado de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) en la zona, cuando éste se detuvo averiguar lo que ocurría en el momento en el que los individuos tenían retenido a un minibús.
Los detenidos son Robinson Paulino (Tatis), de 34 años, a quien le fueron ocupados RD$231,300 pesos en efectivo, y Francisco Ramón García García (Aridio El Gruero), en cuyo poder se ocupó RD$313,000, dinero producto del robo de un total de RD$900,000 del que despojaron al capitán.
Por este caso, es perseguido de manera activa Teudy Rafael Carmona (El Socio).
Agregó, además, que, en el incidente en el que también murió el civil Vanderluis de la Cruz Santiago, que viajaba en el minibús, el cabo policial Dauri Baret Paniagua resultó herido a manos del capitán y huyó junto a sus compañeros, siendo encontrado muerto días después.
Pesqueira declaró que se pudo determinar que, en el incidente, el capitán disparó antes de morir, porque fueron encontrados casquillos de dos armas en la escena.
DL
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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