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Gobierno le pone fin al contrato ‘peaje sombra’ en autopista de Samaná

El presidente Luis Abinader anunció anoche que el gobierno llegó a un acuerdo con el consorcio colombiano “Autopista del Nordeste”, que tiene a cargo la autopista Juan Pablo II, mediante el cual el estado dominicano reducirá de 2,428 millones de dólares a US$403 millones la deuda que restaba del contrato.
Además, el acuerdo contempla que a partir de enero de 2022 la tarifa en los diferentes peajes de la vía tendrá una reducción de 20% del costo que actualmente tienen que pagar los conductores que se desplazan por la llamada carretera de Samaná.
Desde el año 2008, cuando se concluyó y se puso en funcionamiento la vía, el estado ha pagado más de 36 mil millones de pesos, por lo que el mandatario asegura que ya no habrá más gasto, sino ahorro para el pueblo dominicano.
“El acuerdo firmado establece que el Estado pagará la suma de US$403 millones para finalizar el contrato de concesión. Este monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos tres años y medio, sin contar los montos que generaría el peaje ahora del fideicomiso estatal RD vial”, aclaró Abinader en un breve discurso de solo dos páginas.
Recordó que otros hicieron un mal acuerdo, pero que su gobierno ha negociado gestionando y ejecutando una solución que permitirá atender a otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico del país.
“Con el dinero de los dominicanos no se juega. Se los dije a ustedes cuando tomé posesión y de lo recuerdo ahora también a todo el mundo. No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa este presidente. Gobierno para ustedes, solo y exclusivamente para ustedes, y aquí, con este acuerdo, tienen una buena prueba de que cuando empeño mi palabra ante el pueblo dominicano, cumplo, no entiendo el ejercicio público de otra manera”, sostuvo.
Peajes
La autopista tiene tres peajes, que son Marbella, con un costo de RD$ 63.00 para automóviles, jeepetas y camioneta; El Naranjal, por el que se debe pagar RD$ 201.00 y Guaraguao, que es el más costoso de los tres en esa vía, con un precio de RD$ 236.00.
El consorcio también tiene a su cargo el Boulevard Turístico del Atlántico, en Samaná, donde por carro se paga 585 pesos.
Discurso 27 febrero
En su discurso del 27 de febrero de este año, el presidente Abinader informó que se estudiaba la vía legal para resolver la situación, ya que la obra representa un gran peso económico para el país, y que solo en el año 2021 exigen el pago de 7 mil millones de pesos.
Luego del discurso del presidente, en marzo, el gobierno a través de la Consultoría Jurídica, contrató los servicios de Emmanuel Esquea Guerrero para analizar el contrato y dar una opinión consultiva en lo referente a la negociación que tiene el Estado con el Consorcio Autopista del Nordeste.
FUENTE: El Día

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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