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Pruebas PCR cuestan al Gobierno 10 dólares y antigénicas US$3, revela ministro Salud Pública

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El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reveló este jueves el costo que devenga el Gobierno de la República para adquirir las pruebas de detención del coronavirus, asegurando que los laboratorios compran a las casas comerciales pruebas PCR a 10 dólares.

Informó que, una prueba antigénica le cuesta al Estado 97 pesos dominicanos o tres dólares, y la PCR tiene un costo de 10 dólares, lo que sería un promedio de 500 pesos dominicanos, implica una alta diferencia en cuanto al precio de los laboratorios, donde las PCR cuestan alrededor de los cuatro mil pesos.

El doctor Rivera reiteró que se está contemplando modificar la resolución que obliga a las personas a realizarse una prueba de antígenos para que el seguro de salud cubra la prueba PCR.

“Lo que está en discusión, y de eso está de acuerdo el Colegio Médico, es que las pruebas antigénicas también esté incluida, y eso es lo que tenemos que estar discutiendo , y ya fue mandado por instrucción del presidente de la República”, finalizó el ministro.

Por otro lado, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, el funcionario anunció que, de 55 mil empleados del sistema de salud, alrededor de mil 700 del personal están contagiados por el covid-19, pero estos no pertenecen al grupo de los trabajadores en el área del coronavirus.

Vía N Digital

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Abinader ordena retirar del Congreso proyecto de ley contra la ciberdelincuencia

Revisarán aspectos sobre libertad de expresión

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El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este miércoles retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia depositado hace varios días en ese órgano legislativo.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que ahora el proyecto será llevado a una Comisión Consultiva para su revisión y actualización en aspectos sobre la libertad de expresión.

“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, informó el funcionario vía Twitter.

Desde que se dio a conocer el sometimiento de este proyecto varios sectores expresaron su rechazo al señalar que la iniciativa buscaba coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Esta iniciativa contemplaba de tres meses a cuatro años de prisión  las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Hace varias semanas, el presidente Abinader remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

Vía N Digital

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Según documento James Jacques no es cónsul de Haití en Santiago desde el 6 de junio

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Tras el incidente registrado la noche de este viernes donde unidades de la Dirección General de Migración (DGM), realizaron un operativo en un establecimiento comercial donde se encontraba James Jacques, «cónsul de Haití» en Santiago de los Caballeros, un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití señala que el diplomático ya no posee ese cargo.

El documento fue enviado a la Embajada de la República Dominicana en Haití y tiene fecha de haber sido emitido en pasado 6 de junio de 2022, en Puerto Principe y señala que el “ex cónsul” Jacque “no tiene el título ni la capacidad para suscribir un convenio con las entidades administrativas dominicanas”.

La mañana de este sábado trascendió que las unidades de la DGM habían apresado al ex cónsul, pero luego el director general de Migración, Enrique García, informó a medios como Diario Libre que “en ningún momento” James Jacques fue detenido por agentes de esa institución durante un operativo realizado anoche en un establecimiento de esa localidad.

A través del comunicado DG/0120-22, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití le comunicó a la Embajada de la República Dominicana en Haití, que James Jacques era el ex cónsul y que solo espera la llegada de la persona que los sustituiría.

Aquí el comunicado integro:
“El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de la República Dominicana en Haití y tiene el honor de llamar su atención sobre el hecho de que el ex cónsul James Jacques del Consulado de Haití en Santiago, no tiene el título ni la capacidad para suscribir un convenio con las entidades administrativas dominicanas.

El Sr. Jacques ha sido llamado y está esperando la llegada de su sucesor para regresar a casa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha esta oportunidad para renovar a la Embajada de la República Dominicana en Haití el testimonio de su alta consideración.

Puerto Principe, 6 de junio de 2022

Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de Haití

Embajada de la República Dominicana en Haití.

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