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Abinader y Defensor del Pueblo se reúnen para tratar atropello Digesett

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El Defensor del Pueblo, Pa­blo Ulloa se reunió ayer en el Palacio Nacional por es­pacio de una hora con el presidente Luis Abinader, a quien enteró del inciden­te ocurrido en el Centro de Retención Vehicular ubi­cado en el antiguo Canó­dromo, donde junto a fun­cionarios de la institución y reporteros de varios me­dios fue objeto de atrope­llos por parte de agentes de la Digesett

Tras salir de la reunión, Ulloa declaró a los reporteros de los medios de comunicación que en el encuentro trata­ron sobre el hecho, ya que la oficina de la Defensoría del Pueblo procedió legalmen­te contra los implicados en el atropello en el que también resultaron afectados repor­teros del LISTÍN DIARIO y CDN.

Más allá
A pocas horas tras de lo ocu­rrido, la Digesett comunicó la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pé­rez, quien fungía como la co­mandante del departamen­to del Centro de Retención Vehicular y se designó en su lugar al teniente coronel Hi­pólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue en­fático en señalar que esa no debe de ser “la medida defi­nitiva”.

“No debe de ser solo eso, es la estructura completa. Esto no es un tema de coronela o no, esto es un tema de quie­nes administran el canódro­mo y otros espacios…mucha gente se desmonta y sale de los lugares y no saben dónde está su vehículo y fue que se lo llevo la grúa y cuando lle­gan a la Colombia (avenida donde está localizado el ca­nódromo) nadie es respon­sable, qué pasa con ese ve­hículo entonces cuando a su vehículo le falta una pieza o lo maltratan, entonces la Di­gesett tiene que hacerse res­ponsable y ellos tienen que entender eso”, manifestó Ul­lloa.

Triste por la prensa
Durante el atropello, los equipos de los medios de co­municación antes menciona­dos resultaron confiscados y dañados por los agentes de la Digesett en el Canódromo, además de un maltrato físico hacia los periodistas y los re­porteros gráficos.

“Me sien­to triste por los miembros de la prensa, tanto del LIS­TÍN DIARIO como de CDN, que tuvieron que sufrir ese acto de vandalismo, de ve­jación y de oprobio pero yo confío que de aquí vamos a salir con soluciones para po­der eficientizar esa propie­dad”, expresó al defensor del Pueblo, luego de destacar la labor de los miembros de la prensa en el ejercicio de sus funciones.

Al equipo de CDN le des­truyeron una cámara de te­levisión, mientras que al fo­tógrafo Listín Diario, Raúl Asencio se le despojó de su herramienta de trabajo y de un reloj inteligente, ade­más, a la reportera, Lourdes Aponte se le quitó un teléfo­no celular.

Ambos equipos fueron retor­nados en la tarde del martes a la redacción del LISTÍN, aunque le borraron la me­moria a la cámara fotográfi­ca y “reiniciaron de fábrica” el celular, en un intento de que no se accediera al mate­rial audiovisual captado por los aparatos. Hasta el mo­mento el reloj de Asencio si­gue desaparecido.

Más allá de la anunciada destitución de Santos Pérez, otras medidas no han sido anunciadas por la Digesett.

El único comunicado oficial dice que se ordenó “una am­plia investigación sobre este hecho” y que “el lamentable escenario que se presentó en el Canódromo fue porque no hubo notificación una pre­via para la entrada de la co­misión que encabezó Pablo Ulloa.

EN PUNTOS
Versión de Digesset.
Más allá de la destitu­ción de la coronela, la Digesett no ha anuncia­do ninguna otra medi­da.

El único comunicado oficial emitido informa que ordenó “una am­plia investigación sobre este hecho” y que “el la­mentable escenario que se presentó en el Canó­dromo se debió a que no hubo ningún tipo de no­tificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defen­sor del Pueblo.

A pesar de las insistencias, el di­rector de la entidad, ge­neral Antonio Guzmán Peralta, no se ha expre­sado acerca de caso.

FUENTE: Listin Diario

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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