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MP acusa a tres civiles y cuatro policías por muerte de David de los Santos

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, «golpeado de manera salvaje» mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en esta capital.
Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, los supuestos responsables de la muerte del joven De los Santos Correa son el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García (o Sari Manuel González García).
También, los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda de la cárcel del destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional, en la que los agentes imputados llevaron a la víctima el pasado 27 de abril, tras arrestarlo en Ágora Mall, en donde la seguridad de la plaza comercial.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción interpuesta ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente por Kelvyn Colón, fiscal titular interino del Distrito Nacional, los citados agentes se encontraban a cargo del destacamento y eran los responsables de la seguridad y custodia del joven De los Santos Correa, luego de que fuera detenido por exhibir una supuesta actitud amenazante contra una empleada de uno de los locales de la plaza ubicada en la avenida John F. Kennedy.
Los compañeros de la empleada alertaron primero a un agente policial que estaba de compras en la plaza y luego a la seguridad de Agora Mall, que lo retuvo y alertó a los policías que se presentaron al lugar minutos después.
El informe preliminar de la autopsia describe que, externamente, la víctima presentó abrasión en región frontal derecha, edema palpebral bilateral, hemorragia conjuntival, contusiones con abrasiones en codos, abrasiones circulares en ambas muñecas, edema en ambas muñecas y dorso de manos, abrasiones en hipocondrio y flanco lado derecho, región dorsal, lumbar y piernas, epidermólisis en muñecas, dorso de manos, escroto y región lumbar, ocasionándole un trauma contuso craneoencefálico severo que le provocó la muerte.
El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra De los Santos Correa.
El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima, en vez de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda, lo que evidencia que “siempre tuvieron control de la situación, conocimiento, pero sobre todo que participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción”.
Al informar sobre la solicitud de medida, el fiscal Colón explicó además que los agentes policiales diligenciaron con el Sistema de Emergencias 9-1-1 el traslado de la víctima al hospital Francisco Moscoso Puello, en donde, el 29 de abril, sus familiares lo localizaron y gestionaron su traslado al Darío Contreras, en donde falleció el día 1 de mayo, fruto de los actos de tortura y barbarie inferidos por parte de los imputados.
Explicó que los agentes policiales, además de ser coautores de actos de tortura o barbarie, mintieron a los familiares de la víctima, a quienes indicaron que el joven se encontraba bien en manos del Ministerio Público, además de ocultarles “de forma burlesca e inhumana, que ya para la fecha la víctima se encontraba ingresado en condiciones críticas en el Hospital Traumatológico Dr. Francisco Moscoso Puello, debatiéndose entre la vida y la muerte, a consecuencia de los actos de tortura o barbarie cometidos por los imputados”.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 186, 198, 265, 266, 295, 303 y 304.4, numerales 2 y 9, y 341 del Código Penal Dominicano, y el artículo 153, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16).

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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