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A prisión dos de los tres policías implicados en muerte de Richard, el Peluquero

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La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a dos de los tres agentes de la Policía Nacional acusados de matar a golpes a Richard Báez (el Peluquero), agredido brutalmente en un destacamento del cuerpo del orden.

La magistrada Polanco también otorgó una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, contra el otro agente vinculado al crimen.

El capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, fueron enviados a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.

Mientras que el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, además del dinero, tiene impedimento de salida del país y debe presentarse ante la fiscalía el último viernes de cada mes mientras dure el proceso.

Los abogados de la familia de la víctima se mostraron conformes con la decisión. Aseguraron que en fondo del proceso demostrarán que los imputados son culpables de los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo.

Francisco Javier Azcona, uno de los abogados defensores, entiende que las medidas impuestas en contra de sus clientes «es para complacer a la opinión pública».

Según el expediente, los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, en donde detuvieron a Báez.

Precisa que la víctima fue perseguida hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

Mientras estuvo en el cuartel, la víctima denunciaba que los agentes le habían sustraído la suma de 30 mil pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales.

Los policías imputados llegaron incluso a trasladar a la víctima al hospital de Cienfuegos, en donde una médico lo atendió.  La doctora que lo evaluó verificó que Báez presentaba laceraciones en el área temporal derecha y en ambos codos, por lo que refería dolor. Por esa razón, entregó al teniente Jerez Suárez una indicación para aplicar al paciente una antitetánica, una crema y analgésicos, así como una radiografía AP y lateral de cráneo, indicación que el imputado ocultó.

En cambio, regresaron al imputado a una celda del destacamento donde volvieron a golpearlo. Más tarde, lo presentaron al médico legista y ante el fiscal en la sede de la Policía Nacional y lo trasladaron al centro de detención que opera en el Palacio de Justicia de Santiago.

Estando en el centro del Palacio de Justicia, Báez convulsionó y fue trasladado al Hospital Estrella Ureña, ubicado frente al edificio, de donde lo remitieron al Hospital Regional Cabral y Báez, donde falleció el cuatro de abril. Estuvo interno desde el 21 de marzo tras la agresión.

FUENTE: Diario Libre

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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