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Por muerte de David de los Santos, cinco a prisión preventiva y dos a arresto domiciliario

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El juez Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario, dictó ayer un año de prisión como medida de coerción a cinco de los siete involucrados en la muerte del joven David de los Santos.

El juez dispuso que los civiles Santiago Mateo, Michael Pérez y Jean Carlos Martínez, acusados por el Ministerio Público de golpear de manera salvaje a De los Santos mientras se encontraban detenidos en la celda, cumplan la medida de coerción en las cárceles Najayo y la Victoria.

De igual manera el capitán Domingo Rodríguez y el segundo teniente Germán García cumplirán prisión preventiva en Operaciones Especiales por su condición de policías.

Mientras que al cabo Alfonso Decena y el raso San Manuel González, a quienes el órgano persecutor acusa junto a los otros dos policías de provocar y permitir que De los Santos fuera golpeado múltiples veces por los tres compañeros de celda, el juez le dictó arresto domiciliario como medida de coerción.

La decisión de dar prisión domiciliaria a estos encartados no gustó a la familia de David de los Santos y a través de su abogado manifestaron que van a apelar el veredicto.

Esta audiencia se caracterizó por ser muy incidentada.

Desde su inicio el juez multó y expulsó a varios abogados defensores, muchos de los cuales le recusaron en dos ocasiones.

David de los Santos fue llevado al destacamento de Naco de la capital el pasado 27 de abril, tras ser arrestado en Ágora Mall y murió con múltiples golpes en su cuerpo cuatro días después, en un hecho que conmocionó a la República Dominicana.

El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar al joven, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo mientras este se encontraba en una celda del destacamento esposado con las manos hacia atrás y sin capacidad para defenderse.

Los abogados
José Castillo Crespo, abogado del capitán Alberto Rodríguez informó de inmediato que la decisión del juez será apelada, en el entendido de que las evidencias depositadas no fueron estudiadas a fondo.

“El capitán terminó su servicio a las 10:00 de la noche y fue a partir de ese lapso de tiempo cuando se cometieron los hechos contras el ciudadano, David de los Santos”, alegó Castillo Crespo.

De su parte, el jurista Cándido Simón alegó que el Ministerio Público, no pudo ni presentó al ciudadano haitiano que iba a testificar, por lo que, a su entender, el caso se le cayó.

El Ministerio Público no ha vuelto a dar declaraciones a la prensa desde hace casi un mes cuando se inició la audiencia.

“No estamos de acuerdo con la prisión domiciliaria. Debieron darle prisión pura y simple, garantía económica o presentación periódica”, dijo el abogado defensor de Sari García, Herberto González.

Familia de David de los Santos
La familia del hoy occiso David de los Santos consideró que la prisión domiciliaria es como mandar a una persona a descansar a su casa.

Damiana Correa, madre de David, en presencia de sus abogados y otros familiares.

Continuó diciendo: “No voy a estar conforme hasta que no pague el último. Mi hijo era un profesional, para que muriera de la forma en que murió, porque a ellos les dio la gana”.

Manifestó que en la justicia en este país se vende.

“Aquí no hay justicia en este país”, expresó.

FUENTE: El Caribe y Diario Libre

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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