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Aplazan para el sábado conocimiento medida coerción a Miguel Cruz

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El conocimiento de solicitud de medida de coerción contra Fausto Miguel Cruz de la Mota por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue aplazado para el sábado 11 de junio a partir de las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Cruz fue detenido el pasado lunes luego de que matara a Jorge Mera cuando este ese encontraba en su despacho en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El magistrado Francisco Rodríguez decidió pautar nueva fecha para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, a raíz de que la defensa del victimario declaró necesitar más tiempo para conocer el expediente.

El Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva, y detalló en el documento de solicitud de medida de coerción que Cruz cometió el hecho por la negación de un permiso para la exportación de unas 5,000 toneladas de baterías usadas.

Orlando Jorge Mera tenía 55 años de edad, y era amigo de Cruz de todo la vida. Miguel Cruz de 56 años, acudió el lunes al Ministerio sin previo registro de armas y realizó unos 13 disparos en el despacho del funcionario.

Los restos de Jorge Mera fueron sepultados la tarde del miércoles luego de varios homenajes. Al fenecido ministro le sobreviven su esposa Patricia Villegas, sus hijos Orlando Salvador, quien es diputado, y Patricia Victoria, quien reside en Brasil y pertenece a la asociación católica Heraldos del Evangelio.

“Orlando era mi amigo de muchos años, acabamos de enterrarlo necesitamos un poco más de tiempo para leer detenidamente el expediente”, dijo Miguel Valerio jurista de fenecido ministro.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que el MP estaba “preparado” para conocer la medida cautelar.

FUENTE: Listin Diario

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Fallece ciudadana estadounidense detenida en centro migratorio de Haina

Estaba detenida desde abril, pero Migración logró obtener su identidad y nacionalidad el pasado miércoles

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La Dirección General de Migración (DGM) informó el fallecimiento de una ciudadana estadounidense, quien se encontraba detenida en el Centro de Retención de Haina en proceso de deportación.

De acuerdo con la DGM, la extranjera fue detenida a finales de abril en la región este del país por miembros de la Policía Turística, quienes la remitieron a la DGM con el propósito de validar su identidad, ya que no portaba documentación personal.

«Al desconocerse su identidad y nacionalidad, la Dirección de Inteligencia Migratoria realizó las indagatorias correspondientes, contactando diversas embajadas acreditadas en la República Dominicana».

La entidad explica que fue el pasado miércoles que, a través de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, fue identificada la dama y se le notificó a la Embajada de los Estados Unidos en el país. Sin embargo, este lunes fue hallada sin signos vitales,

“De acuerdo con las evaluaciones iniciales hechas por el médico legista y el DICRIM, el cuerpo no presenta signos de violencia. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realiza la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso”, dijo Migración.

Al Centro de Retención de Haina es donde las autoridades dominicanas llevan a todos los extranjeros detenidos para fines de deportación.

El Vacacional de Haina acoge a migrantes ilegales en proceso de repatriación.

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Ministerio Público rescata a más de 40 mujeres en operación contra redes de trata

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El Ministerio Público informó el rescate de más de 40 mujeres durante la Operación Begonias, puesta en marcha este sábado con allanamientos en la provincia Santo Domingo.

La intervención es el resultado de una extensa investigación iniciada hace varios meses, para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.

La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.

También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).

Un equipo de diez fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.

“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.

Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.

Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerles daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas

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