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MP: Un asesino frío y calculador disparó 13 veces a Orlando Jorge Mera

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Los fiscales que investigan el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Or­lando Jorge Mera, señalan que Miguel de Jesús Cruz de la Mota (a) Carandai acudió con la intención de matar a su amigo de infan­cia al no haber conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas.

Por el caso las au­toridades tienen bajo in­vestigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vis­ta de que el acusado tenía documentos originales en su poder con los que se so­licitaron los permisos.

“La empresa había soli­citado un permiso para ex­portar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido recha­zado pero lo habían rein­troducido, las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múl­tiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían na­da”, dice un escrito depo­sitado en corte ayer tarde.

Las autoridades piden la imposición de un año de prisión preventiva contra el acusado.

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud hoy, a las 9:00 de la mañana.

Cruz de la Mota se en­cuentra recluido en la cár­cel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nue­va en espera de ser tras­ladado al tribunal para el conocimiento de la au­diencia.

Le disparó 13 veces
La instancia de medida de coerción establece que el homicida disparó 13 ve­ces contra Jorge Mera, seis de los tiros alcanzaron el cuerpo del funcionario, en su despacho del minis­terio

Sostiene que Cruz, pocos minutos de haber entrado a conversar con Jorge Mera, sin mediar discusión, ejecu­tó su plan de asesinarlo, con seis heridas a distancia y de contacto.

Los múltiples dispa­ros al Ministro impacta­ron en distintas partes del cuerpo que le produjeron la muerte a causa de heri­das por proyectil de arma de fuego en cabeza, cara, tórax anterior y posterior y mano izquierda, causan­do hemorragia, contusión y laceración de masa en­cefálica, conforme al acta de levantamiento de cadá­ver No.61610 del Instituto Nacional de Ciencias Fo­renses (INACIF).

La acusación señala que esta es una acción criminal que evidencia una conduc­ta típica de un asesino frío y calculador y le disparó va­rias veces, acción que es evi­dente asesinato a un funcio­nario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley.

Amenazó al jurídico
Aduce la instancia que el imputado se quejaba de for­ma airada de que no le re­solvían nada.

Esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al con­sultor jurídico del ministe­rio, Segundo Florián San­tana.

El criminal se fue en motocicleta
Tras cometer el crimen, Cruz salió del Ministe­rio con una calma pro­pia del que ha materia­lizado una conducta cri­minal planificada y al no poder salir en su vehícu­lo, aborda un motor en las proximidades del Mi­nisterio y se dirige a la Iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, del sector Renacimiento.

Antes de salir del Minis­terio el imputado llamó a su hija, pe­ro en vista de la medida de seguridad, la joven fue impedida de salir de las instalaciones en su vehículo.

Cerró el despacho para cometer el crimen
En su solicitud de medida de coerción contra Miguel Cruz por asesinar al minis­tro Orlando Jorge Mera, el ministerio público deter­minó un miembro de la seguridad, trató de abrir la puer­ta del despacho del Minis­tro, pero estaba cerrada por dentro, por lo que pro­cedió a dar la vuelta para entrar por otra puerta de acceso.

Esta situación fue apro­vechada por el asesino pa­ra salir de la oficina por las escaleras ya que conocía que esa vía era más segura para sus fines de escapar de la escena del crimen.

Montero procedió a pe­netrar al despacho del Mi­nistro, hallando el cuerpo tirado en el piso y ensan­grentado e inmediata­mente informó por la ra­dio a los demás miembros de la seguridad para que detuvieran al imputado, pero en medio de toda confusión y desesperación que se creó y ante eviden­tes fallas de seguridad, an­tes y después del hecho, el imputado pasó desaper­cibido dentro de la multi­tud, logrando escapar del interior del Ministerio de Medio Ambiente.

Según la acusación, la fa­cilidad para el acceso al Ministro era un punto frágil para su seguridad, cuestión que personas cer­canas le habían advertido.

Señala que esas perso­nas le decían que él lesio­naba intereses y que no podía seguir con ese es­quema de trabajo en el que incluso cuando se desplazaba hacia el inte­rior del país a visitar, no le gustaba desplazarse con la seguridad que reque­rían esas visitas.

FUENTE: Listin Diario

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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