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Según su abogado, Miguel Cruz no es culpable de la muerte de Jorge Mera

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Los abogados de Fausto Miguel Cruz, confeso homicida del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, afirmaron que no se opondrán a la medida de coerción solicitada por los fiscales, aunque aseguraron que su defendido «no es culpable».

“La defensa se reunió y determinó que, independientemente del presupuesto que él (Fausto Miguel Cruz) tiene para no imponerle prisión preventiva, lo mejor es, por prudencia, no nos vamos a oponer a la medida de coerción incoada por el Ministerio Público”, manifestó Ivo René Sánchez, miembro de la defensa del imputado.

Por el caso, las autoridades piden la imposición de un año de prisión preventiva contra el acusado, con el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional estando a cargo de conocer la solicitud este jueves.

Asimismo, al reiterar que su defendido no es culpable, aseguró que la historia del sistema judicial existen está repleta de procesos donde personas tildadas como «el peor de los asesinos» salen de los tribunales como inocentes.

“Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. Mi cliente pudo haber cometido el hecho y aun así por las informaciones que yo tengo, sostengo que no es culpable», expresó Sánchez.

Muerte
Orlando Jorge Mera murió el pasado lunes a los 55 años tras ser baleado en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por Cruz.

Según la información que maneja el Ministerio Público el atacante acudió y sin previo registro de armas, mató a quien conoce desde hace más de dos décadas.

Tras cometer el delito, Cruz se escapó de la mencionada institución pública, huyendo hacia la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde finalmente se entregó a las autoridades.

La defensa de la familia Jorge Villegas calificó como un hecho gravoso la muerte de Orlando Jorge Mera en su despacho la tarde del lunes por decirle no a la corrupción y a un amigo.

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Fallece ciudadana estadounidense detenida en centro migratorio de Haina

Estaba detenida desde abril, pero Migración logró obtener su identidad y nacionalidad el pasado miércoles

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La Dirección General de Migración (DGM) informó el fallecimiento de una ciudadana estadounidense, quien se encontraba detenida en el Centro de Retención de Haina en proceso de deportación.

De acuerdo con la DGM, la extranjera fue detenida a finales de abril en la región este del país por miembros de la Policía Turística, quienes la remitieron a la DGM con el propósito de validar su identidad, ya que no portaba documentación personal.

«Al desconocerse su identidad y nacionalidad, la Dirección de Inteligencia Migratoria realizó las indagatorias correspondientes, contactando diversas embajadas acreditadas en la República Dominicana».

La entidad explica que fue el pasado miércoles que, a través de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, fue identificada la dama y se le notificó a la Embajada de los Estados Unidos en el país. Sin embargo, este lunes fue hallada sin signos vitales,

“De acuerdo con las evaluaciones iniciales hechas por el médico legista y el DICRIM, el cuerpo no presenta signos de violencia. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realiza la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso”, dijo Migración.

Al Centro de Retención de Haina es donde las autoridades dominicanas llevan a todos los extranjeros detenidos para fines de deportación.

El Vacacional de Haina acoge a migrantes ilegales en proceso de repatriación.

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Ministerio Público rescata a más de 40 mujeres en operación contra redes de trata

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El Ministerio Público informó el rescate de más de 40 mujeres durante la Operación Begonias, puesta en marcha este sábado con allanamientos en la provincia Santo Domingo.

La intervención es el resultado de una extensa investigación iniciada hace varios meses, para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.

La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.

También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).

Un equipo de diez fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.

“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.

Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.

Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerles daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas

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