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Panorama

Ratifican prisión contra Jean Alain Rodríguez

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La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este martes una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del expediente por corrupción administrativa derivado de la Operación Medusa.

“Justamente la razón que ha tomado esta Segunda Sala de la Corte de Apelación para mantener la medida de coerción impuesta en contra del imputado Jean Alain Rodríguez, es la obstrucción de la justicia”, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Resaltó que la Corte, integrada por los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomó la decisión atendiendo a que el Ministerio Público “depositó en el día hoy, en el tribunal, evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa para intimidar y amedrentar a testigos”.

Indicó que “eso es muestra de la desesperación que tiene esta defensa frente a la inminente acusación que habrá de venir en los próximos días”.

Camacho enfatizó que, como parte de las investigaciones de la Operación Medusa, el Ministerio Público “ha identificado una estructura de soborno y extorsión sin precedentes en la historia de la República Dominicana”.

Calificó la estructura de corrupción administrativa montada por los encartados en la Operación Medusa como “algo simple y llanamente escandaloso, eso se podrá ver en la acusación y eso que hace esta defensa (la intimidación de testigos) es una muestra de miedo ante lo contundente de las pruebas que tenemos en este proceso”.

Rechazó afirmaciones de la defensa del imputado respecto al proceder del Ministerio Público. “Eso es simple y llanamente una especulación de la defensa, lo que tiene el Ministerio Público es muchas personas colaborando en este proceso e información de la que se entera la defensa, sabiendo además por las líneas que van esas colaboraciones y que simple y llanamente cuando se presente la acusación ellos no tendrán posibilidad jurídica de sobreponerse de los hechos que van a venir en la acusación”, dijo.

Camacho estuvo acompañado por los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.

De acuerdo al expediente del Caso Medusa, el exprocurador Rodríguez Sánchez y los imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

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Acis recula y anula acuerdo para legalizar a haitianos

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La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), informó que no llevará a cabo el acuerdo firmado entre la entidad y el Consulado de Haití en la Ciudad Corazón sobre regularizar a trabajadores provenientes del vecino país.

La desición fue tomada a causa de que la entidad se regirá de las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas.

El presidente de la Acis, sostuvo que el acuerdo firmado el pasado 1 de junio junto al destituido cónsul haitiano James Jacques buscaba la regularización de la mano de obra que labora en sectores productivos de Santiago.

En una carta enviada al Consulado de Haití en Santiago, la Acis sostiene que “no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros, y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno”.

Expresa  que han determinado que existe la voluntad en varias autoridades del Gobierno, y “hemos logrado que ellas ponderen a futuro un mecanismo que les permita a las empresas contratar a empleados extranjeros cumpliendo cabalmente con la legislación de la República Dominicana”. 

Agrega que “a lo largo de su historia la Acis ha sido una entidad respetuosa del marco legal e institucional y lo firmado se enmarca dentro del orden del respeto a las instituciones”.

Sostiene que cuando se firmó el acuerdo el Cónsul de Haití en Santiago se encontraba en sus plenas facultades y su ejecución era de fácil implementación; sin embargo esta situación hoy no es la misma, debido a que en estos momentos el Gobierno de Haití tendrá a bien confirmar o designar nuevas autoridades.

Asimismo, señaló que el factor de tener trabajadores con documentación regularizada facilitaría el trabajo de las autoridades del control migratorio, ya que podrían repatriar a quienes no tengan su documentación legalizada.

El empresario indicó que buscaba que el consulado haitiano ayudara a lograr la documentación de sus compatriotas, que ya están insertados en sectores productivos como los del banano, cacao y otros rubros y que al viajar a su país en busca de documentos son fichados en la frontera.

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Se desvinculan de supuesta red que trafica pasaportes haitianos

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Como empresarios jóvenes que han hecho una gran inversión en República Dominicana se definieron los propietarios del negocio que el viernes fue intervenido por la Direccion General de Migración (DGM) en busca de evidencias de una supuesta red que trafica con pasaportes haitianos.

En rueda de prensa, los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante gastronómico y cultural haitiano «L’aromate Creole», dijeron que no tienen nada que ver con la supuesta red que alegadamente operaba un tráfico de pasaportes haitianos y que fueron ocupados a una persona en el negocio al momento de la intervención de la (DGM).

Señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron desconsiderados por los agentes de la DGM a quienes acusan de no importarles que los presentes mostraran documentos incluyendo al copropietario Jonathan Solano, quien es dominico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana y que «los apresaron».

Me llevaron a inmigración pero soy dominicano, tengo derecho, mi padre es dominicano, me metieron en el camión y me trataron como una basura. Mi esposa tuvo que ir a llevarme mi pasaporte llorando para que me creyeran, y me dijeron que ahora tengo que andar hasta con mi acta de nacimiento», se lamenta Solano.

Indicaron que al igual que otros extranjeros crean negocios para mantener la cultura de sus países y sobre todo para crear fuentes de empleos.

Kari Saintoiry y Jonathan Solano afirman que decidieron crear el restaurante al igual que otros dos negocios más de los cuales son propietarios.

«L’aromate Creole» está ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde estudian una gran cantidad de nacionales haitianos, los cuales son la mayoría de la clientela del negocio. Posee 52 empleados, cuyas familias dependen del salario que reciben en ese local.

«Nosotros representamos la comunidad haitiana y somos comerciantes, así como hay restaurantes chinos, italianos etcétera (…) Aquí, nuestros clientes son estudiantes, aquí no vienen delincuentes, ni haitianos sin documentos. Tenemos ocho años aquí y nunca habíamos tenido problemas», explicó Kari Saintoiry

Denunció que los agentes de migración «se metieron a la fuerza» en el restaurante en el que, afirma, «había hasta ciudadanos americanos y con pasaportes en manos se los llevaron».

Acusaron a unas supuestas vecinas, dueñas de otros establecimientos que están frente al restaurante haitiano, de haber hecho la denuncia a la DGM por supuesta envidia y racismo.

FUENTE: Diario Libre

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